según develó una investigación impulsada por el fiscal Amad.

Una investigación federal puso bajo la lupa al exgobernador Jorge Capitanich, y a varios exfuncionarios por su presunta vinculación con un esquema de lavado de dinero ligado a la adjudicación irregular de tierras fiscales. La causa, impulsada por el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Martín Amad, se originó en abril del año pasado tras una denuncia contra la presidenta del Instituto de Colonización, Ana María Canata, y ha escalado hasta involucrar a importantes figuras políticas y empresariales.

Las pesquisas revelan un entramado en el que diversas empresas, como Grupo Pampa Agro y Aeronorte Fideicomiso, habrían obtenido tierras de manera sospechosa mediante decretos y resoluciones irregulares. Lo que más preocupa a la Justicia es la conexión directa entre los beneficiarios de estas adjudicaciones y funcionarios clave del gobierno provincial, lo que sugiere un posible mecanismo de desfalco de fondos públicos y enriquecimiento ilícito. Entre los implicados figuran la exministra Marta Soneira, su esposo Mauricio Cian, y varios empresarios con supuestos vínculos con la administración de tierras fiscales.

El expediente detalla cómo individuos sin respaldo económico aparente manejaban millonarias sumas de dinero provenientes de la compraventa de tierras adquiridas bajo condiciones irregulares. Entre las irregularidades detectadas se encuentran informes de inspección fraguados, adjudicaciones con trámites administrativos duplicados y la venta anticipada de terrenos pese a la prohibición legal de comercialización dentro de los primeros diez años. Las pruebas presentadas incluyen registros empresariales, movimientos bancarios inconsistentes y documentos oficiales que refuerzan la hipótesis del fraude.

Ahora, la jueza María Belén López Macé evaluará el material probatorio para determinar los próximos pasos procesales. Mientras tanto, la fiscalía ha solicitado el análisis detallado de las transacciones financieras de los implicados, así como una auditoría de sus declaraciones patrimoniales. En un caso que promete seguir escalando, la Justicia busca esclarecer si existió una red de corrupción estructural en la provincia y determinar la responsabilidad de los involucrados en un presunto desfalco de tierras públicas.