El Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de más de 110 detenidos tras los disturbios en el Congreso. Según el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la medida responde a un “posible incumplimiento de funciones” por parte de la magistrada. “No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, sino de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad”, sostuvo el funcionario en su cuenta de X.  

La jueza Andrade, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, fundamentó su decisión en la falta de precisión en la información policial y en el derecho constitucional a la protesta. En su fallo, argumentó que “se encuentra en juego un derecho fundamental como la libertad de expresión, especialmente cuando la convocatoria provino de sectores vulnerables como los adultos mayores”. También indicó que la complejidad del caso impedía el trámite de flagrancia, por lo que dispuso la inmediata excarcelación.  

Mientras el Ejecutivo denuncia un intento de desestabilización, los incidentes dejaron un saldo de al menos 46 heridos, incluidos 26 efectivos policiales. Entre los más afectados se encuentra el reportero gráfico Pablo Grillo, quien recibió un impacto en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno y permanece en estado crítico tras ser operado en el Hospital Ramos Mejía. Además, seis móviles y dos patrulleros fueron dañados en los enfrentamientos.  

Desde la oposición y organismos de derechos humanos se han pronunciado en defensa de la decisión de la jueza, mientras que el oficialismo insiste en que la excarcelación inmediata de los detenidos dificulta la lucha contra la violencia organizada. El caso promete abrir un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre el Gobierno y el Poder Judicial.