La moratoria previsional, que permitía acceder a una jubilación sin contar con los 30 años de aportes requeridos, llegará a su fin este domingo, dejando a más de 240.000 personas sin posibilidad de retiro en 2025. Se estima que cinco de cada diez hombres y siete de cada diez mujeres en edad jubilatoria no podrán acceder a un haber previsional. Ante esta situación, las opciones disponibles son continuar trabajando o acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), aunque con requisitos estrictos y menos derechos que una jubilación ordinaria.  

El fin de la moratoria implica un cambio estructural en el sistema previsional, dado que eleva la edad de retiro para muchas mujeres. Mientras que la jubilación ordinaria se puede obtener desde los 60 años, la PUAM solo se concede a partir de los 65, sin distinción de género. Además, este beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima, lo que representa una merma en los ingresos de quienes accedan a esta pensión en lugar de una jubilación. También limita derechos fundamentales, como la posibilidad de seguir trabajando en relación de dependencia y la transmisión de la pensión a familiares en caso de fallecimiento.  

A nivel económico, el impacto es significativo. Actualmente, la jubilación mínima se ubica en $279.121,71, mientras que la PUAM equivale a $223.297,37, con un bono de $70.000 que permanece congelado desde hace un año. De haber sido actualizado por inflación, ese bono debería superar los $148.000. La reducción en los ingresos y la pérdida de beneficios agravan la incertidumbre entre los adultos mayores, que ya enfrentan dificultades económicas.  

Los datos oficiales reflejan la magnitud del problema: de los hombres que cumplen 65 años en 2025, solo el 27% tendrá los 30 años de aportes requeridos, mientras que en el caso de las mujeres de 60 años, el porcentaje se reduce al 13%. Esto significa que la mayoría de quienes llegan a la edad de retiro no podrán jubilarse y, en el mejor de los casos, deberán conformarse con la PUAM, siempre que cumplan con las condiciones socioeconómicas establecidas. Ante este panorama, el debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional y la falta de alternativas para quienes quedan fuera de la cobertura sigue abierto.