La Fiscalía Federal de Resistencia solicitó en los últimos días la elevación a juicio oral de la causa conocida como Ligas Agrarias II “Sacerdotes”, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia del Chaco durante la década del ‘70. El único imputado en la causa es el exsuboficial mayor de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia, Gabino Manader, acusado de privación ilegal de la libertad y tormentos contra los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco Testa.  

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía, los religiosos fueron detenidos el 14 de abril de 1974 en un contexto de persecución a integrantes del Movimiento Rural Católico y las Ligas Agrarias, organizaciones que nucleaban a pequeños productores. Fueron trasladados a la Alcaidía de Sáenz Peña, donde permanecieron cautivos y fueron torturados por una comisión policial encabezada por el jefe Carlos Alcides Thomas y su segundo, Wenceslao Ceniquel, junto con Manader y otros agentes.  

Las pruebas que sustentan la acusación incluyen los testimonios de las víctimas, declaraciones de otros detenidos, testimonios de religiosas y laicas, así como documentos judiciales e informes médicos de la época. Estas evidencias permiten reconstruir un esquema represivo que, según las sentencias previas de los juicios “Caballero I, II y III”, formó parte de un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos en la provincia.  

Joaquín Núñez, perteneciente a la Orden de los Franciscanos, pasó cinco años en distintas cárceles, desde Resistencia hasta Devoto y La Plata. Años después, dedicó su vida al trabajo social en Rosario, hasta su fallecimiento. Gianfranco Testa, de nacionalidad italiana, fue expulsado del país en 1978 y continuó su labor en Nicaragua y Colombia. Actualmente reside en Italia.  

El juicio, de concretarse, se sumará a otros procesos en los que se ha buscado justicia por crímenes cometidos en el Chaco durante la dictadura y años previos. La importancia de estos juicios radica en la necesidad de condenar estos hechos y reafirmar el compromiso del Estado con la memoria, la verdad y la justicia.  

Las causas por delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y su juzgamiento es una deuda ineludible con las víctimas y la sociedad. En este marco, el avance de la causa Ligas Agrarias II representa otro paso en la búsqueda de verdad y reparación, garantizando que estos crímenes no queden impunes.