Algunos legisladores buscan frenar el ajuste, pero la vicepresidenta no intervendrá nuevamente.  

El congelamiento de las dietas de los senadores nacionales llegó a su fin el 31 de marzo, permitiendo que sus ingresos vuelvan a ajustarse según las paritarias del personal legislativo. Con esta medida, los haberes podrían superar los $9 millones y alcanzar los $10 millones si se concreta un nuevo acuerdo salarial en abril. Aunque algunos legisladores se manifestaron en contra de este incremento, la vicepresidenta Victoria Villarruel dejó en claro que no volverá a intervenir mediante un decreto, delegando la decisión final al recinto.  

La medida reavivó la controversia sobre los sueldos de la política en un contexto de ajuste económico. Legisladores como Luis Juez y los representantes de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, solicitaron mantener congeladas sus dietas, aunque la decisión deberá tomarse de manera conjunta. En la última sesión del Senado en 2024, se aprobó la facultad de Villarruel para suspender los aumentos hasta que el tema se discutiera en sesiones ordinarias. Sin embargo, tras meses sin definiciones, el descongelamiento quedó firme al no renovarse la resolución que lo impedía.  

El impacto de la medida es significativo. Hasta marzo, el sueldo neto de un senador rondaba los $5,2 millones, pero con la nueva actualización y posibles ajustes salariales en abril, el ingreso en mano podría escalar hasta los $7 millones, mientras que el bruto superaría los $10 millones. Estos valores incluyen dieta, gastos de representación y adicionales por desarraigo, aunque también deben considerarse descuentos por impuestos y aportes.  

El debate sobre los salarios de los legisladores no se agota con esta actualización. Durante 2024, distintos senadores presentaron proyectos para modificar el sistema de dietas, como la iniciativa de Francisco Paoltroni, que propone fijarlas en un monto equivalente a diez jubilaciones mínimas y permitir la renuncia total o parcial a los haberes. Con el nuevo período parlamentario, estos proyectos deberán ser retomados y discutidos en comisiones, mientras crece la presión social sobre el costo de la política.