"Se enviaban fotos truchas", denunció el fiscal Sabadini. Tras los operativos, el fiscal advirtió sobre la falta de control estatal y reveló que el dinero desviado se usaba para construir quinchos de lujo en barrios carenciados.

La Justicia continúa la investigación de la trama de corrupción en la que cooperativas vinculadas a dirigentes sociales habrían desviado millones de dólares destinados a planes habitacionales y limpieza urbana. "Estamos hablando de inyección de dinero público sin ningún control", afirmó el fiscal federal Patricio Sabadini en N9 Central.  

El esquema fraudulento incluiría la apropiación de recursos destinados a viviendas, limpieza y desmalezamiento, con maniobras que van desde la falsificación de documentos hasta la construcción de propiedades de lujo en barrios de extrema pobreza.  

El operativo, que se desarrolló en la madrugada del martes, incluyó 23 allanamientos y la incautación de diversos bienes. Según Sabadini, las investigaciones se originaron a partir de denuncias anónimas, información publicada en portales de noticias y casos iniciados de oficio por la Fiscalía Federal.  

Denuncias anónimas y miedo a represalias  

Uno de los puntos centrales que destacó el fiscal es el temor de los denunciantes a sufrir represalias por parte de las organizaciones investigadas. “Estamos hablando de organizaciones totalmente verticales y violentas. Existe mucha gente que tiene miedo de denunciar”, afirmó Sabadini, y explicó que se ha evaluado la implementación de un buzón en la sede de la Fiscalía Federal para recibir testimonios anónimos.  

El funcionario judicial subrayó que los hechos denunciados son contrastables y que las investigaciones en curso cuentan con pruebas contundentes. “No es la primera vez que trabajamos en este tipo de causas. Nos enfrentamos a estructuras que han operado durante años con impunidad”, agregó.  

El fraude: fondos públicos desviados y falta de controles

Las investigaciones revelaron que el Estado transfirió grandes sumas de dinero a cooperativas para realizar obras y servicios que, en muchos casos, no fueron ejecutados. “Se presentaban fotos truchas de supuestos trabajos de desmalezamiento que nunca se hicieron”, explicó Sabadini, y añadió que en otras oportunidades ni siquiera se presentaba documentación justificativa.  

Uno de los puntos más graves de la causa es la falta de control por parte del Estado sobre la administración de los fondos públicos. “Si se posibilita un ambiente de impunidad, quienes quieren violentar la ley lo van a hacer con la expectativa de que el Estado no reaccionará”, advirtió el fiscal.  

El dinero provenía de distintos organismos públicos, entre ellos Lotería Chaqueña y el extinto Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular. Según Sabadini, mientras que fundaciones y asociaciones legítimas deben sortear numerosos obstáculos burocráticos para acceder a financiamiento, estas cooperativas lograban manejar enormes sumas sin rendiciones claras. “Es obsceno. Es una cachetada para el trabajador honrado”, expresó.  

Millones de dólares en juego: la gran incógnita sobre el destino de los fondos

Entre las cuatro causas investigadas, se identificaron al menos 20 cooperativas vinculadas al fraude, con un monto total de aproximadamente 4,5 millones de dólares transferidos desde 2018 hasta el año 2023, a valor del dólar oficial del Banco Nación.  

El fiscal planteó un interrogante clave: “¿Qué ocurrió con el resto del dinero que falta hallar?”. La incautación de bienes y propiedades en los allanamientos no alcanza a justificar el total de los fondos recibidos. Además, se hallaron construcciones precarias y obras inconclusas, lo que refuerza las sospechas de desvío de recursos.  

Construcciones de lujo en barrios de pobreza extrema

Uno de los hallazgos más llamativos de la investigación fueron los inmuebles vinculados a los acusados. En los allanamientos se encontraron quinchos de lujo, piscinas y estructuras millonarias construidas en medio de barrios carenciados. “Habría que preguntarle a los vecinos de esos galpones y quinchos qué opinan”, ironizó Sabadini, en referencia al contraste entre las viviendas de los dirigentes y la precariedad de las comunidades a las que debían asistir.  

La estructura de las organizaciones investigadas, según el fiscal, se asemeja más a la de un esquema de coerción que a un sistema de asistencia social. “Tenemos líderes con estructuras verticales y violentas que se creen dueños del barrio. Los beneficiarios terminan trabajando como empleados de estas personas, en muchos casos bajo condiciones extorsivas”, explicó.  

Lo que viene: más detenciones y nuevas líneas de investigación

El caso sigue en desarrollo y podrían producirse nuevas detenciones en los próximos días. Si bien el fiscal no dio detalles específicos para no afectar la investigación, confirmó que aún restan analizar pruebas y documentos incautados.  

Por último, Sabadini descartó que la investigación responda a un sesgo político o a una “criminalización de la pobreza”. “Esto no es aporofobia ni rechazo a los pobres. Estamos hablando de personas que se enriquecieron con fondos públicos mientras alrededor suyo había miseria”, concluyó.