Con la intención de reducir la violencia letal en las zonas más afectadas del país, el Gobierno nacional lanzó un nuevo plan de intervención focalizada. Se trata del Plan 90/10, una estrategia que busca recuperar el control territorial en los municipios donde se concentran el 90% de los homicidios registrados.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich y se basa en una mayor coordinación entre las Policías provinciales y las Fuerzas de Seguridad Federales. Además del refuerzo operativo, el programa contempla acciones de prevención social, mediación comunitaria y desarme civil.

Los diez municipios seleccionados representan los focos más preocupantes de criminalidad. Rosario lidera la nómina con una tasa de homicidios de 16,5 cada 100 mil habitantes. Le siguen Santa Fe capital con 13,1 y San Miguel de Tucumán con 8,3. En Buenos Aires, Esteban Echeverría muestra el peor índice de esa provincia, con 7,9. También fueron incluidos General Pueyrredón, San Martín, Tres de Febrero, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Córdoba capital.

El diagnóstico oficial señala que en estos territorios se combinan condiciones sociales extremas con la presencia consolidada de redes del narcotráfico.  Esta mezcla habilita el avance de bandas criminales sobre áreas donde el Estado perdió presencia efectiva. A su vez, se observan otras formas de violencia asociadas, como la intrafamiliar y la juvenil. 

El Plan 90/10 se divide en tres fases: diseño, implementación y seguimiento. Cada etapa incluye acciones específicas. En la fase preventiva, se promueven campañas de entrega voluntaria de armas, iniciativas barriales para la resolución de conflictos y proyectos destinados a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

En cuanto a la etapa de control, se reforzará la seguridad con patrullajes intensivos en zonas identificadas como críticas. También se instalarán nuevas tecnologías de vigilancia, con el fin de monitorear en tiempo real los movimientos sospechosos y facilitar una respuesta inmediata.

La última fase, vinculada a la persecución penal, contempla el fortalecimiento de las investigaciones criminales y la coordinación directa entre fiscalías y Fuerzas Federales. El uso de inteligencia criminal será clave para desarticular estructuras delictivas que operan en los barrios más conflictivos.

Aunque las cifras generales colocan a la Argentina por debajo de otros países de la región en cuanto a tasas de homicidios, los números en estas diez localidades alertan sobre la urgencia de una política de intervención rápida, articulada y sostenida en el tiempo.