El Juzgado Federal de Resistencia resolvió este miércoles 23 de abril el procesamiento de Diego Armando Rolón, Juan Carlos Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales por el delito de lavado de activos agravado, en causas que investigan el desvío de más de mil millones de pesos provenientes de fondos públicos del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Según las resoluciones firmadas por el juez federal, los imputados integraron organizaciones sociales que canalizaron millonarios subsidios hacia fundaciones y cooperativas sin capacidad operativa real, bajo el pretexto de proyectos comunitarios que nunca se ejecutaron o que terminaron beneficiando de forma directa a sus entornos familiares.

Las investigaciones demostraron que los fondos públicos fueron utilizados para adquirir vehículos, realizar mejoras edilicias en propiedades privadas, construir salones y pileta en terrenos fiscales, e incluso realizar operaciones financieras con criptomonedas en el extranjero. Los informes patrimoniales revelaron inconsistencias severas entre los ingresos declarados y el nivel de vida de los imputados. En algunos casos, como el de Marcos Cáceres, se hallaron más de 9 millones de pesos en efectivo durante los allanamientos. El avance del caso llevó al juez a disponer la prisión preventiva para Cáceres, mientras que para Juan Carlos Rolón, Lucas Torales y Diego Rolón se ordenó su traslado a la Prisión Regional del Norte - Unidad N° 7 del Servicio Penitenciario Federal, una vez habilitado el cupo correspondiente.

Las maniobras incluyeron la creación de fundaciones como Roca Sólida, Jóvenes Líderes o Árbol de la Vida, que compartían domicilio con los imputados y no contaban con empleados registrados, ni trazabilidad contable, ni redes sociales. Gran parte del dinero fue extraído en efectivo y no se rindió con documentación adecuada. Las obras prometidas, como soluciones habitacionales y galpones, fueron abandonadas o realizadas sobre terrenos sin habilitación. Para el Ministerio Público Fiscal, se trató de esquemas sistemáticos y reiterados, orientados a disimular el origen ilícito de los fondos mediante su reinversión en bienes de alto valor.

En paralelo, el operativo policial que se desplegó a inicios de abril en Chaco y Misiones permitió secuestrar más de 10,5 millones de pesos, 14 vehículos, armamento, 37 vacunos y una gran cantidad de mercadería y materiales de construcción que habrían sido adquiridos con dinero público. La investigación, encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, incluyó 22 allanamientos simultáneos y expuso el uso sistemático de recursos estatales para fines privados, en una estructura coordinada desde agrupaciones piqueteras con acceso a programas oficiales de asistencia social.

La jueza federal destacó que la reiteración de maniobras, la magnitud del dinero involucrado y el uso de estructuras organizadas justifican la calificación de lavado agravado. En todos los casos, se trató de operaciones complejas que implicaron ocultamiento de fondos mediante cuentas personales, triangulación de dinero, compra de criptomonedas en Paraguay y falta de rendición ante el Estado. También se constató un uso político de las organizaciones involucradas, que presionaban a vecinos para participar de movilizaciones y actos en nombre de supuestos beneficios sociales.

Los imputados permanecerán alojados momentáneamente en dependencias policiales hasta concretarse su traslado al sistema penitenciario federal. La causa, considerada una de las más relevantes en materia de corrupción estructural en la provincia, seguirá avanzando con nuevas pericias, declaraciones y la posibilidad de que se amplíen las imputaciones a otras personas vinculadas a las organizaciones beneficiadas con fondos estatales.