Este jueves tuvieron lugar una serie de allanamientos llevados a cabo en la capital chaqueña y otras localidades, en el marco de la causa Brilla, que investiga una trama de fraude y lavado de activos que triangula fondos de la extinta IAFEP, piqueteros como Tito López y una peluquería utilizada como tapadera.

Durante el operativo fue detenido Fernando Adrián Ayala, acusado de ser operador clave de la estructura, mientras que Walter Antonio Pasko, contador y principal sindicado como "cerebro" de la red, no se encuentra en el país. Sobre él pesa una orden de detención.

Las diligencias, dispuestas por el fiscal federal Patricio Sabadini, incluyeron el secuestro de vehículos, documentación, equipos electrónicos y armas registradas. Uno de los focos principales fue el lujoso edificio de Av. Sarmiento 185, donde residía Ayala junto a su esposa y donde, según el expediente, se contaban fajos de dinero en presencia de menores, en escenas similares a las de la recordada "Rosadita".

La denuncia que destapó la trama

Todo comenzó más de un año atrás, hacia fines de 2023, con una inspección de la AFIP a comerciantes que encontraron facturación a su nombre que nunca habían realizado. El denunciante inicial, un carnicero de Resistencia, reveló que su clave fiscal había sido utilizada para emitir facturas apócrifas por más de 60 millones de pesos, en rubros que jamás había ejercido. El nombre del contador a cargo: Walter Pasko.

No fue el único. Al menos seis personas más —incluyendo una exmonotributista, un periodista y ciudadanos sin actividad comercial— fueron víctimas del mismo mecanismo. Todos tenían a Pasko como asesor contable o referente de trámites anteriores.

 Â¿Quién es Walter Antonio Pasko?

Contador chaqueño, de perfil bajo pero vida ostentosa, Walter Pasko es sindicado por la Justicia como líder de una organización criminal que operó al menos desde 2019, generando facturas truchas por más de $155 millones a través de cooperativas y fundaciones de papel. 

En redes sociales se muestra como un viajero frecuente, con fotos en destinos de Estados Unidos, Europa y América Latina. Sin embargo, sus declaraciones juradas patrimoniales no explican su nivel de vida: en 2020 declaró ingresos por solo $55.000. Aún así, adquirió inmuebles, camionetas y financió costosos viajes.

Entre las empresas bajo su órbita figuran: Cooperativa Construir Más, La Reina del Norte SAS, Tercer Norte SRL y varias más. Declaraban ventas millonarias pero no registraban empleados, locales comerciales ni insumos, lo que llevó a la AFIP a categorizarlas como "usinas apócrifas".

Su pareja, Diana Daniel, abogada y empleada del IAFEP, también está imputada. La red familiar incluye además a su suegra y hermanos, todos con funciones en las estructuras investigadas.

Fernando Ayala: el operador vinculado a Tito López

Fernando Adrián Ayala, detenido en uno de los allanamientos, fue identificado como colaborador cercano del dirigente piquetero Ramón "Tito" López. Era titular de cooperativas como "La Solidaridad es mi Mundo" y de la peluquería "Brilla", administrada por su esposa María José Reinau, que funcionaba como fachada de la operación.

Videos incorporados al expediente muestran a Ayala contando fajos de billetes junto a sus hijos menores, mientras su pareja figura como titular de numerosas asociaciones. Además, adquirieron un departamento en pleno centro de Resistencia, valuado en 180 mil dólares, a la actriz Miriam Lanzoni.

Ayala también compartía sociedades y cuentas bancarias con Pasko, entre ellas Ricardo Hijos SRL, y su cooperativa facturó cerca de $95 millones entre 2019 y 2022, pese a no mostrar capacidad operativa.

El rol del IAFEP y los vínculos con el Estado

Uno de los ejes de la causa es el papel del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), desde donde salían fondos que eran "blanqueados" con facturación ficticia. La propia pareja de Pasko trabajaba allí como subsecretaria y habría derivado clientes hacia la "asesoría" de su esposo.

Entre los organismos estatales que figuran como receptores de estas facturas truchas también se encuentran el Ministerio de Infraestructura, el IDUV, el Ministerio de Gobierno y una serie de municipios chaqueños como Napenay, Corzuela, Gancedo, Pinedo y Capdevila.

Las operaciones simuladas permitían justificar salidas de fondos públicos con comprobantes de servicios inexistentes, y constituían una herramienta para "conciliar caja" con el respaldo contable.

Una organización con fines delictivos claros

La Fiscalía sostiene que el objetivo de la organización era generar crédito fiscal espurio, justificar gastos con facturación falsa y ocultar el origen del dinero a través de estructuras legales simuladas. 

Las penas previstas en el Código Penal por los delitos de asociación ilícita fiscal y lavado de activos van de los 3 a los 10 años de prisión, con multas que pueden llegar hasta 10 veces el monto involucrado.

La investigación continúa, con Walter Pasko en calidad de prófugo internacional. Se espera que la Justicia avance en nuevas citaciones y posibles detenciones, en un caso que exhibe los puntos de contacto entre estructuras contables, organismos públicos y la simulación de actividad económica como mecanismo de fraude sistemático.