La causa que investiga una red de facturación apócrifa y lavado de dinero con fondos del IAFEP sumó este jueves un nuevo capítulo con la detención de Fernando Ayala, señalado como de Ramón "Tito" López. Los allanamientos, realizados en distintos puntos de Resistencia, fueron ordenados por el fiscal federal Patricio Sabadini.

El operativo principal se concretó en un edificio de alto nivel ubicado sobre la avenida Sarmiento, donde se encontraba Ayala junto a su pareja y uno de sus hijos. La propiedad pertenece a una zona céntrica de alta gama habitacional, y ya había sido mencionada en procedimientos anteriores vinculados a la causa.

Según informaron fuentes policiales, Walter Pasko, también imputado en la causa, no se encuentra en el país y pesa sobre él una orden de detención. Pasko está acusado de operar como uno de los jefes de una usina de facturas truchas, en connivencia con su esposa —funcionaria del IAFEP— y con apoyo institucional.

Durante los allanamientos, se secuestraron fajos de dinero en efectivo, documentación de interés para la causa, y al menos dos armas de fuego con la documentación correspondiente: una pistola calibre 9 milímetros y otra de 45 milímetros. Las imágenes captadas en operativos anteriores, y que forman parte del expediente, muestran escenas en las que integrantes de la familia Ayala manipulan grandes sumas de dinero frente a menores de edad, en una dinámica que recuerda a los videos de la "Rosadita".

La peluquería Brilla, cuyo local principal y una sucursal también fueron allanados, aparece como uno de los ejes operativos de la maniobra. Funcionaba como fachada de la red, mientras las verdaderas actividades consistían en emitir facturas por servicios que nunca se prestaron a fundaciones y cooperativas relacionadas con el entorno de Tito López.

La causa involucra también al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), cuya cúpula —ya detenida— habría facilitado pagos millonarios a estas entidades ficticias. Se estima que parte del dinero fue trasladado al exterior en viajes cortos y reiterados a países limítrofes.

El procedimiento del jueves incluyó la participación de más de 50 efectivos de distintas dependencias de la Policía del Chaco, entre ellos personal del Departamento de Investigaciones Complejas, Cibercrimen y el Cuerpo de Operaciones Especiales, con apoyo logístico de drones y peritos informáticos.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas detenciones ni ampliación de imputaciones, en una causa que expone una compleja red de vínculos entre funcionarios, testaferros y estructuras asociativas utilizadas para canalizar dinero público.