Los referentes sociales Diego Armando Rolón, Juan Carlos Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales llegaron en horas de la tarde de este martes 30 de abril a la Unidad Penal N° 7 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada sobre la avenida Las Heras de Resistencia. El ingreso se concretó bajo un fuerte operativo de custodia policial, tras el cumplimiento de los traslados dispuestos por el Juzgado Federal. Los cuatro se encontraban alojados en dependencias policiales a la espera de cupo, luego de que la jueza interviniente ordenara la prisión preventiva por el delito de lavado de activos agravado.

La medida se enmarca en una causa que investiga el desvío de más de mil millones de pesos provenientes del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), a través de fundaciones sin capacidad operativa real como Roca Sólida, Jóvenes Líderes y Árbol de la Vida. Las pesquisas revelaron que los fondos fueron destinados a compras de vehículos, mejoras edilicias, operaciones financieras y construcciones en terrenos fiscales, mientras que muchas de las obras prometidas nunca se ejecutaron o fueron abandonadas. En paralelo, se secuestraron millones en efectivo, 14 vehículos, armas y materiales de construcción, en allanamientos realizados en Chaco y Misiones.

En diálogo con el canal N9, el jefe de la División de Investigaciones Complejas, Rolando Sosa, confirmó el traslado: "Se procedió hoy en horas de la tarde al traslado desde la comisaría de la Isla del Cerrito hacia el Servicio Penitenciario Federal, donde van a quedar alojados y a disposición de la justicia". Consultado sobre la duración de la detención en esa unidad, aclaró que "eso dependerá del Juzgado Federal, que en primera instancia los va a alojar acá y después determinará si serán trasladados a otra unidad". El procedimiento se llevó a cabo "con normalidad y con cápsula de seguridad, como se realiza en estos casos", indicó.

De acuerdo con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, se trató de un esquema sistemático que utilizaba estructuras sociales como pantalla para la apropiación de fondos públicos, incluso con prácticas de coacción a beneficiarios de planes. La causa sigue en curso y se esperan nuevas imputaciones, mientras los principales acusados ya se encuentran bajo custodia del sistema penitenciario federal