Uno de los veinte tripulantes del buque MV Ceci, de bandera de Islas Marshall, que fue inspeccionado en el puerto santafesino de San Lorenzo el pasado miércoles, admitió ante la Justicia que los 469 kilos de cocaína incautados fueron izados del agua frente a la rada de Montevideo. El testimonio fue brindado bajo la figura de imputado colaborador, popularmente conocida como "arrepentido", y supone un giro en la causa, ya que contradice la hipótesis inicial de que la droga fue cargada en el puerto de San Lorenzo durante una operación de abastecimiento. Según el testigo, también estaba previsto subir otro cargamento en esa terminal fluvial argentina, pero el plan cambió poco antes de concretarse.

La droga, distribuida en 16 bultos con 379 panes, fue hallada por el capitán del barco en una cámara frigorífica donde se almacena carne para la tripulación. Al encontrarla, el marino se comunicó con la empresa armadora, que notificó al jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Rosario. Fue este último quien dio aviso a la Justicia federal, que ordenó el operativo con participación de la Prefectura y la Aduana. En el lugar se incautaron, además de los estupefacientes, boyas, rastreadores satelitales y un GPS, elementos que refuerzan la versión de que la carga había sido levantada del río, una modalidad frecuente en el narcotráfico fluvial.

La causa es investigada por los fiscales federales Claudio Kishimoto, Matías Álvarez y Matías Scilabra. Hasta el momento, el único detenido es Jonathan Caputero, cocinero del MV Ceci, quien también reconoció haber estado involucrado en el intento de contrabando. El carguero había salido previamente del puerto de Baram Iman, en Irán, y su última escala antes de llegar a Argentina había sido frente a las costas de Uruguay. Sin embargo, los fiscales aún no descartan que parte del cargamento se haya completado en San Lorenzo, y analizan si el testimonio del marinero filipino podría estar dirigido a desviar la investigación.

Sobre el caso empieza a proyectarse la figura del narco uruguayo Sebastián Marset, prófugo con pedido de captura de cinco países, quien es considerado una de las figuras clave del narcotráfico en la región. La presunta participación de su organización se desprende del lugar donde habría sido izada la droga y de maniobras similares registradas en operaciones anteriores. Marset, vinculado al llamado Primer Comando Uruguayo (PCU), controla sectores estratégicos de la Hidrovía Paraná-Paraguay y mantiene vínculos con grupos criminales en Bolivia y Paraguay.

A pesar de no tener causas abiertas en Argentina, el nombre de Marset aparece mencionado en escuchas telefónicas en la causa Ultranza Py, que se tramita en Paraguay. En una conversación de 2020, el narco mencionó supuestos cargamentos de cocaína con destino en territorio argentino, y adjuntó una imagen con una cifra millonaria en dólares. Aquella vez, al igual que ahora, los investigadores sospechaban que parte de la droga proveniente de Bolivia era transportada por barcazas a través de los ríos, un sistema prácticamente sin controles a lo largo de 1800 kilómetros de recorrido.

El tráfico fluvial de estupefacientes continúa siendo uno de los grandes vacíos del sistema de control regional. La Hidrovía, que atraviesa cinco países y abarca más de 3400 kilómetros, presenta enormes dificultades para la coordinación entre agencias de inteligencia criminal. Mientras tanto, organizaciones como la de Marset aprovechan esa falta de fiscalización para montar una logística aceitada que permite llevar cocaína desde pistas clandestinas en el Chaco paraguayo hasta puertos como el de San Lorenzo. La incautación del MV Ceci vuelve a poner en evidencia esa ruta y la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia en el corredor más vulnerable del narcotráfico sudamericano.