Horas decisivas atraviesa el Senado de la Nación en la previa de la sesión prevista para mañana miércoles, donde podría sancionarse la Ley de Ficha Limpia. Aunque libertarios y bloques dialoguistas aseguran contar con los 38 votos necesarios, la tensión no ha cesado. "Esto no es una coleta de firmas, no somos una ONG", expresó un senador molesto por las presiones de la Casa Rosada para apurar definiciones. El kirchnerismo, que rechaza la iniciativa por sus eventuales consecuencias judiciales para Cristina Kirchner, observa en silencio y apuesta a que un nuevo imprevisto postergue el debate.

La vicepresidenta Victoria Villarruel buscará adelantar el inicio de la sesión de las 14 a las 11 horas y reordenar el temario. En el menú legislativo figuran las autoridades del Senado, varios pliegos diplomáticos y militares, convenios internacionales y finalmente, Ficha Limpia. La figura clave será Emilio Viramonte, propuesto como secretario administrativo y responsable de "la caja" de la Cámara alta, cuyo nombramiento se vio trabado en febrero por el faltazo de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia. Hoy, su eventual presencia vuelve a tener peso decisivo.

Las dudas no solo vienen del oficialismo. En el radicalismo, al menos dos senadores pidieron ampliar la nómina de delitos que inhabilitarían candidaturas, mientras otros temen que el debate fortalezca la narrativa de la expresidenta. "Hoy sólo le quedan las redes sociales; encima, es muy mala en eso también", ironizó un correligionario. En los pasillos, algunos ya hacen apuestas informales sobre si se vota o si todo se desinfla una vez más. "El problema es que hay demasiadas jugadas improvisadas y poca estrategia real", comentó otro legislador con fastidio.

En paralelo, la Cámara de Diputados discutirá este martes el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Impulsado por el oficialismo y respaldado por bloques dialoguistas, el dictamen podría quedar listo para su tratamiento en el recinto antes de fin de mes. La iniciativa establece un régimen penal juvenil con penas que no superen los 20 años y contempla medidas educativas, comunitarias y de seguimiento. El rechazo proviene de Unión por la Patria, la izquierda y organismos de derechos humanos. "Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz", advirtió monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja.