La Iglesia Católica Argentina expresó su rechazo al proyecto del Gobierno nacional que busca reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, y planteó la necesidad de abordar de manera integral las causas que empujan a los jóvenes a cometer delitos. Desde Resistencia, el sacerdote Alberto, de la Catedral, instó a que el debate contemple una perspectiva "más amplia y humanizante".

"Sólo con lo punitivo no alcanza", afirmó el padre Alberto, al referirse a la propuesta impulsada por el Gobierno de Javier Milei. "El Estado tiene que actuar ante los hechos de violencia, pero también debe atender las situaciones de exclusión que hay detrás. Hay chicos que están en contextos realmente dramáticos", señaló en diálogo con N9.

En ese marco, el sacerdote citó el reciente documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, titulado Dignidad Infinita, que define la dignidad humana como el valor inherente a toda persona, independientemente de su conducta. "El texto distingue cuatro dimensiones: la dignidad ontológica, social, moral y existencial. Y eso implica que ningún ser humano pierde su dignidad, ni siquiera en los casos más extremos", explicó.

Según Alberto, la posición de la Iglesia no desconoce el sufrimiento de las víctimas de delitos. "En la parroquia atendemos situaciones muy dolorosas. Muchas veces, son personas que han pasado por experiencias traumáticas a manos de menores. No es que uno quiera minimizar eso, al contrario. Pero lo que decimos es que hay que pensar también en qué hacemos con esos chicos", sostuvo.

"Vivimos en una sociedad que necesita replantear muchas cosas: la educación, las oportunidades laborales, el rol del Estado. Hay personas que viven en la calle y que vienen a pedir ayuda porque ni la jubilación ni la pensión les alcanza. Otras que no consiguen trabajo, y jóvenes que crecen sin ninguna expectativa. Entonces, ¿qué políticas se piensan para ese contexto?", se preguntó.

Alberto remarcó que la propuesta del Ejecutivo "no puede evaluarse sólo con una lógica de castigo". "Hay que prevenir, atender, recuperar. Y sobre todo, mirar a cada persona como alguien con dignidad, incluso si cometió un error. El desafío está en cómo construir desde ahí", añadió.

Por último, invitó a quienes deben tomar decisiones legislativas a estudiar el documento Dignidad Infinita. "Es un texto eminentemente social. No es sólo doctrina religiosa. Plantea preguntas urgentes sobre cómo salir de situaciones estructurales de pobreza y exclusión. Sería bueno que nuestros legisladores lo lean", concluyó.