En línea con lo anunciado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, la Oficina del Presidente confirmó este miércoles la firma de un DNU que introduce una profunda modificación del Régimen Migratorio argentino. La medida apunta, según el comunicado oficial, a limitar el ingreso y permanencia de extranjeros en situación irregular, así como a restringir el acceso gratuito a servicios públicos para quienes no sean ciudadanos o residentes permanentes.

Uno de los puntos clave del decreto establece que ningún extranjero con antecedentes penales podrá ingresar al país, y que aquellos que cometan delitos en territorio argentino —sin importar la gravedad o la pena impuesta— serán deportados. Esto supone un cambio sustancial respecto del criterio vigente, que hasta ahora no consideraba motivo suficiente para la expulsión las penas menores a cinco años.

El Gobierno argumentó que la normativa anterior había facilitado la inmigración irregular, lo que derivó en el ingreso de 1.700.000 personas en los últimos 20 años bajo condiciones fuera del marco legal. En ese sentido, el comunicado acusa a "la complicidad de políticos populistas" de haber desvirtuado el sistema migratorio argentino.

Entre otras medidas, se establecerá la obligatoriedad de contar con seguro médico para los extranjeros que ingresen como residentes transitorios, temporarios o irregulares. A su vez, se limitará el acceso gratuito a la salud pública para estos grupos, luego de que —según el documento— la atención médica a personas extranjeras durante 2024 implicara un gasto estimado de 14.000 millones de pesos. "Esta medida tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público", afirma el texto.

En el ámbito educativo, se autoriza a las universidades nacionales a cobrar aranceles a residentes temporarios que cursen carreras universitarias, aunque se mantiene la gratuidad de la educaciónprimaria y secundaria para todos los residentes, sin distinción.

Respecto de la obtención de la Carta de Ciudadanía, también se endurecen las condiciones: sólo podrán solicitarla quienes hayan vivido en el país de manera continua durante al menos dos años o quienes realicen una inversión económica significativa. En ambos casos, se requerirá acreditar medios de vida y carecer de antecedentes penales.

"La sociedad eligió al Presidente Javier G. Milei con el mandato de emprender la reconstrucción argentina", cierra el comunicado, en el que se subraya que "quienes delinquen no ingresen o sean expulsados de nuestro país" y que el trámite de residencia permanente o ciudadanía "no sea un trámite exigente" constituye una anomalía que el gobierno pretende corregir.