El Gobierno nacional investiga un grave incidente de seguridad informática que afectó a las Fuerzas Armadas y dejó expuesta información sensible de 50.000 efectivos. La filtración incluyó documentos como DNI, domicilios, destinos de servicio, viajes y certificaciones académicas, lo que encendió las alertas tanto en el Ministerio de Seguridad como en la cúpula militar. La Justicia ya fue notificada tras una denuncia presentada por el propio Ejército, que pidió formalmente su intervención.

El Ministerio a cargo de Patricia Bullrich trabaja de manera coordinada con las áreas de ciberdefensa y seguridad informática del Ejército para determinar cómo se concretó la intrusión y quiénes podrían estar detrás. En paralelo, se activaron protocolos especiales para blindar los sistemas administrativos y limitar los accesos a la información comprometida, con el objetivo de contener posibles filtraciones futuras.

La magnitud del ataque tomó por sorpresa incluso a áreas clave del Gobierno, como la Secretaría de Inteligencia del Estado, que recién se interiorizó del hecho horas después de su difusión. La Agencia Federal de Ciberseguridad también participa del monitoreo del caso y mantiene contacto con otras dependencias estatales. Por ahora, la hipótesis oficial descarta daños sobre la operatividad militar, aunque se evalúa ampliar la denuncia con más documentación.

Este episodio ocurre en un momento en que el Ejecutivo impulsa una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. A través del decreto 1112/24, el Gobierno les otorgó atribuciones para actuar frente a amenazas externas no estatales y planea avanzar en una nueva Ley de Seguridad Nacional. En ese marco, también gestiona la compra de tecnología para modernizar los sistemas de inteligencia y fortalecer los controles en frontera, en coordinación con agencias como la CIA y el Mossad.