El Gobierno nacional convocó a audiencias públicas para avanzar con la tercera etapa del proceso de concesión de rutas nacionales, que incluye dos tramos clave que atraviesan la provincia del Chaco: la Ruta Nacional 16, desde el acceso al viaducto del Puente General Belgrano hasta Avia Terai, y la Ruta Nacional 11, desde Nelson (Santa Fe) hasta Resistencia. La iniciativa se enmarca en un plan más amplio para concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas en 11 provincias y, según se informó, los pliegos ya están disponibles en el sitio web de Vialidad Nacional.

Las audiencias se desarrollarán entre el 30 de junio y el 7 de julio, y aunque no son vinculantes, constituyen un paso formal requerido para avanzar con el esquema de privatización que impulsa el Ejecutivo. La propuesta busca reemplazar el actual sistema de administración estatal, a cargo de la empresa pública Corredores Viales, por concesiones a operadores privados mediante licitación, con un esquema que incluye peajes. Según el Gobierno, esta transformación permitiría mejorar el mantenimiento y operación de la red vial, aunque no se han detallado aún los niveles tarifarios ni el impacto económico para los usuarios frecuentes.

En el caso de la provincia del Chaco, los tramos propuestos comprenden más de 700 kilómetros de rutas estratégicas para la comunicación y el transporte de bienes entre el noreste argentino y el centro del país. La licitación también alcanza corredores en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salta y otras provincias, como parte de una Red Federal de Concesiones que ya lleva casi 8.000 kilómetros comprometidos. La medida, presentada bajo el argumento de eficiencia y modernización, ha sido observada con cautela por sectores que cuestionan la entrega de infraestructura clave a operadores privados sin garantías claras de inversión ni de control público.

Aunque desde el Ejecutivo se insiste en la necesidad de avanzar hacia un modelo vial más sustentable, la privatización progresiva de corredores estratégicos —como los que conectan al país con el Mercosur— plantea interrogantes sobre el futuro del acceso a las rutas, especialmente en regiones donde los costos logísticos ya representan un desafío para la producción y el comercio. El debate que se abre en las audiencias públicas podría ser una oportunidad para discutir no solo el estado actual de las rutas, sino también el modelo de gestión que mejor responda al interés general y no exclusivamente al beneficio privado.