La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó este lunes la suspensión del DNU 340/2025 dictado por el gobierno de Javier Milei, que buscaba limitar el derecho a huelga declarando esenciales a 17 actividades del ámbito público y privado. Con esta decisión, los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado rechazaron la apelación presentada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, y mantuvieron vigente la medida cautelar dispuesta por la jueza Moira Fullana la semana pasada.

El decreto establecía que sectores como la salud, educación, energía, transporte, bancos y producción de medicamentos debían garantizar un 75% de su funcionamiento durante paros. La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un amparo denunciando que el DNU restringía de manera ilegítima el ejercicio de medidas gremiales, solicitando su suspensión hasta que se defina su constitucionalidad. La Cámara sostuvo que la norma "implica perjuicios graves de imposible reparación posterior" y que "están en juego derechos derivados de la libertad sindical, garantizados intensamente por la Constitución Nacional".

El fallo también subrayó que el DNU fue dictado mientras el Congreso se encontraba en sesiones ordinarias, lo que contradice los requisitos constitucionales de excepcionalidad para este tipo de normas. "A la fecha en que fue dictado el presente decreto, el Congreso de la Nación estaba en pleno funcionamiento", advirtieron los jueces, quienes consideraron acreditada la "verosimilitud en el derecho" y el "peligro en la demora" como condiciones para mantener la cautelar.

Mientras el Gobierno evalúa apelar ante la Corte Suprema, continúa pendiente la resolución definitiva sobre la inconstitucionalidad del decreto, también solicitada por la CGT. Por el momento, el intento del Ejecutivo de imponer nuevos límites al derecho a huelga queda frenado por decisión judicial, en un nuevo revés en su estrategia de reformas por decreto.