El Gobierno nacional anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para ampliar las áreas habilitadas para la explotación económica en zonas periglaciares. La norma 26.639, vigente desde 2010, establece mecanismos de protección ambiental en territorios donde existen cuerpos de hielo y suelos congelados clave para el almacenamiento de agua dulce. Con la firma de Javier Milei y la iniciativa encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el nuevo decreto busca reducir el alcance de las zonas protegidas para habilitar el ingreso de proyectos mineros e hidrocarburíferos, bajo el argumento de otorgar "seguridad jurídica a las inversiones".

El decreto plantea, además, otorgar mayores atribuciones a las provincias para decidir sobre los territorios en los que se podrán desarrollar industrias, una decisión que contradice el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2019, que ratificó la constitucionalidad de la ley y la responsabilidad compartida entre Nación y provincias en la preservación de glaciares. En su momento, las modificaciones que ahora se reintroducen por decreto ya habían sido propuestas dentro de la fallida Ley Bases, pero fueron retiradas del texto final ante la falta de apoyo legislativo. El Gobierno retoma ahora ese intento por vía ejecutiva, lo que generó críticas de organizaciones ambientalistas y advertencias de organismos internacionales como la ONU, que tildó la iniciativa de "regresiva".

Frente a los cuestionamientos, desde el oficialismo se comprometieron a exigir estudios de impacto ambiental como requisito para la aprobación de nuevos emprendimientos y aseguraron que se mantendrán las restricciones sobre glaciares cubiertos y descubiertos. No obstante, especialistas alertan sobre el impacto que esta flexibilización podría generar en los ecosistemas de alta montaña. "Específicamente quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley", denunció Nicole Becker, presidenta de Jóvenes por el Clima Argentina. "En esas zonas se conserva mucha agua. No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlas aún más", agregó.

La ley actualmente en vigencia establece la obligación de elaborar un Inventario Nacional de Glaciares, herramienta que permitió identificar más de 16.000 cuerpos de hielo en el país. Ese inventario ha sido clave para limitar la instalación de emprendimientos mineros en zonas de riesgo ecológico. Sin embargo, con el nuevo decreto, el Poder Ejecutivo apunta a revertir esa línea de protección, habilitando obras de infraestructura y la posible liberación de residuos o químicos en entornos que hasta ahora estaban vedados para cualquier actividad que no fuera científica.

Las tensiones por el uso de territorios periglaciares no son nuevas. Desde su sanción, la Ley de Glaciares ha sido objeto de presiones por parte de empresas mineras y sectores políticos que buscan acotar su alcance. Esta vez, el intento no solo revive ese debate sino que reabre el conflicto entre la defensa del ambiente y los intereses económicos, bajo una administración que ha manifestado sin reservas su intención de desregular el acceso a los recursos naturales. El propio Milei reafirmó esa línea ideológica en el cierre del Madrid Economic Forum, donde pronunció un "¡Muerte al socialismo!" al enumerar sus propuestas de desregulación extrema.

La modificación de la ley se presenta en un contexto crítico para los glaciares del país, afectados por el calentamiento global y el avance del extractivismo. Becker recordó que el glaciar Perito Moreno, uno de los más emblemáticos, perdió casi dos kilómetros cuadrados de superficie en apenas siete años, lo que equivale a 320 canchas de fútbol. "Nuestra vida en la Tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de ellos, también regulan la temperatura global", advirtió. La decisión del Gobierno parece ir en dirección contraria, priorizando el interés económico sobre la protección ambiental, en un escenario cada vez más incierto para el futuro del planeta.