El Gobierno Nacional oficializó este lunes una reforma estructural del sistema eléctrico argentino mediante el Decreto450/2025, que introduce modificaciones fundamentales a las leyes 15.336 y 24.065. El objetivo central es avanzar hacia un modelo competitivo, abierto y transparente, con mayor participación del sector privado en la generación, distribución y comercialización de energía.

Entre las principales medidas, se destaca la habilitación del comercio internacional de electricidad sin intervención estatal, salvo por razones técnicas o de seguridad. Además, se restablece la posibilidad de que generadores y usuarios finales celebren contratos de compraventa de energía sin intermediación estatal, un mecanismo que había sido limitado en 2013. El decreto también consagra el derecho de los consumidores a elegir libremente a sus proveedores.

Otro aspecto relevante de la reforma es la modificación del esquema tarifario. A partir de su implementación, las facturas de electricidad no podrán incluir tributos locales ni cargos ajenos a los servicios efectivamente prestados. Asimismo, se establecen nuevas modalidades para desarrollar infraestructura de transporte eléctrico, apostando por la iniciativa privada y la inversión a riesgo propio.

El plan contempla un período de transición de 24 meses durante el cual se deberán adecuar las normas complementarias y garantizar una implementación ordenada. Según el comunicado oficial, el Gobierno busca dejar atrás un sistema calificado como "ineficiente y cerrado" para recuperar una matriz energética sustentada en señales de mercado, autosuficiencia económica y libertad de elección.