La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el juicio por el hundimiento del submarino Ara San Juan, ocurrido en 2017 y por el cual murieron 44 marinos, se realice en Santa Cruz, donde se desarrolló la investigación del caso, como pedían familiares de las víctimas, y no en Buenos Aires o Mar del Plata, como pedían algunos acusados y la fiscalía.

El fallo se dictó con el voto de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. El juez Javier Carbajo, en disidencia, sostuvo la competencia territorial del tribunal de Mar del Plata.

Borinsky y Hornos dijeron que en Santa Cruz tramitó toda la investigación y que ya se ha avanzado en los trámites previos a la fijación de audiencia.

En la causa están acusados y serán juzgados el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; el capitán de navío Claudio Villamide, que conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

Todos ellos están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La etapa de instrucción tramitó en el juzgado federal de Caleta Olivia, en Santa Cruz, que tenía competencia sobre el lugar en donde el buque hizo contacto por última vez.

La jueza Marta Yáñez elevó la causa a juicio y quedó radicada en el único tribunal oral federal de la provincia, ubicado en Río Gallegos d integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.

Luis Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos y querellante en el proceso, planteó la incompetencia del tribunal de Santa Cruz. Argumentó que el hecho no ocurrió en Caleta Olivia sino más allá de las 200 millas náuticas, es decir, en altamar. Mencionó además que muchas víctimas viven en Mar del Plata, con lo que deberían trasladarse. Solicitó que intervenga en el juicio un tribunal oral federal de allí.

Al planteo original de Tagliapietra adhirieron las defensas de los miembros de la Armada, López Mazzeo y Villamide quienes solicitaron la competencia de los tribunales federales de Buenos Aires, donde tiene su sede la Armada Argentina y es lugar desde el cual, a su criterio, se habrían tomado las decisiones que se les adjudica a sus defendidos.

Las defensas hicieron hincapié en que el debate debe ser presencial y que no es posible desarrollarlo en una jurisdicción tan lejana como la de Río Gallegos.