El Gobierno nacional comenzó a definir su estrategia para tratar el Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, mientras los gobernadores avanzan con una lista de pedidos que buscan modificar el proyecto original enviado al Congreso. Tras la victoria oficialista en las elecciones legislativas y ante los requerimientos de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional para lograr consensos más amplios, el ministro de Economía, Luis Caputo, empezó a ocupar un rol más activo en la negociación con las provincias.

En los últimos días se reforzaron las reuniones internas en Casa Rosada. Caputo participó de un encuentro junto al ministro del Interior, Diego Santilli, la secretaria General, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según describió una de las partes involucradas, el objetivo fue "evaluar nuestra estrategia legislativa". Pocas horas antes, Santilli había recibido un documento en el que un legislador reunió los reclamos transmitidos por los mandatarios provinciales, que se resumen en siete puntos centrales.

El pedido más importante es que el Gobierno nacional autorice a las provincias a tomar crédito internacional. Los gobernadores remarcan que esta habilitación "no tiene un costo para la administración central", por lo que esperan que Economía no se oponga. Otra demanda clave apunta a las cajas previsionales: el proyecto prevé una transferencia de $122.762 millones por parte de la ANSES, pero con una restricción. El texto original establece que "sólo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta, aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido… correspondiente al menos al ejercicio 2021 o posterior". Los mandatarios piden ampliar el monto y modificar estas condiciones de acceso.

La situación del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas también generó tensiones. El proyecto propone eliminar la ampliación del régimen de zonas frías, vigente desde 2021, lo que dejaría fuera a más de tres millones de hogares que hoy reciben descuentos en sus facturas. La medida afectaría especialmente a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, provincias donde los inviernos son más templados pero el beneficio incorporó una cantidad significativa de consumidores durante los últimos años.

En paralelo, volvió a plantearse la discusión sobre la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos. Aunque los gobernadores impulsaron una ley al respecto, fue vetada por el presidente Javier Milei. Aun así, la distribución de este impuesto quedó instalada como una posible moneda de negociación ante los cambios que el Ministerio de Economía pretende introducir en Ganancias, orientados principalmente a aumentar las deducciones. "Los gobernadores pedían que se distribuya el 1,9% de la recaudación nacional de impuestos que se queda la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)", explicó una fuente de Diputados.

Más allá de las diferencias, algunos puntos ya se despejaron. Caputo aceptó incluir en el Presupuesto el acuerdo alcanzado con la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de Coparticipación. La semana pasada hubo una reunión entre el ministro y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Allí, desde CABA reclamaron que "la Nación normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026". Según detallaron, "desde agosto, la Nación adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación" fijadas por la Corte Suprema.

Otro avance se dio con la baja de retenciones al petróleo, acordada con el gobernador chubutense Ignacio "Nacho" Torres. Ambos firmaron un acta de entendimiento para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional, una demanda que Torres había reiterado en varias oportunidades.

Mientras se ajustan detalles técnicos, el Gobierno busca consolidar una nueva relación política con las provincias antes de que el debate formal llegue al Congreso. Las próximas semanas serán decisivas para saber cuánto margen cede la Casa Rosada y cuánto logran incorporar los gobernadores en el texto final del Presupuesto 2026.