El gendarme argentino Nahuel Gallo cumple un año detenido en Venezuela, tras haber sido arrestado el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país por la frontera con Colombia para reencontrarse con su esposa y su hijo. Desde ese momento, quedó bajo custodia de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro y fue imputado por presunta vinculación a acciones terroristas y espionaje, lo que profundizó la tensión ya existente entre Caracas y Buenos Aires. Para el gobierno argentino, el episodio representó un deterioro significativo del vínculo bilateral.

A lo largo de estos meses, la administración de Javier Milei llevó el caso a organismos internacionales. Bajo la representación de Diego Sadofschi ante la Corte Penal Internacional, Argentina denunció violaciones a los derechos humanos y pidió el arresto de Maduro y de Diosdado Cabello, al considerar que la detención de Gallo es arbitraria. La presentación se enmarcó en reclamos también elevados ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, donde se calificó el episodio como una desaparición forzada y un delito de lesa humanidad.

La familia del gendarme atravesó un año marcado por la incertidumbre. Su esposa, María Alexandra Gómez, sostuvo que Gallo estuvo alojado en la cárcel de El Rodeo, en las afueras de Caracas, hasta julio de 2025, momento en que regresó a la Argentina con su hijo. La mujer explicó que en diversas oportunidades buscó información sobre su situación y que el Ministerio Público venezolano llegó a admitir que el arresto fue un error que luego escaló por motivos diplomáticos. Sus versiones describieron un escenario de espera y silencio oficial.

La madre del suboficial, Griselda Heredia, también expresó preocupación por la falta de avances y relató su angustia cuando aumentó la tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela. En ese contexto, mantuvo contacto con autoridades argentinas, que le transmitieron que seguían de cerca la evolución del caso y trabajaban en gestiones para obtener información sobre su paradero y su situación judicial.

Las autoridades venezolanas se mantuvieron firmes en los cargos que pesan sobre Gallo, pese a los reclamos internacionales y a los pedidos de su familia. El gendarme permanece detenido en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad en las afueras de Caracas, donde habría sido trasladado a mediados de 2025. Su situación judicial no registró avances concretos, y no se conocen fechas ni proyecciones sobre una posible resolución.

A un año del arresto, el caso continúa sin definiciones y se convirtió en un punto sensible dentro de la agenda diplomática entre ambos países. Mientras avanzan nuevos capítulos de tensión entre Caracas y Washington, Argentina insiste en reclamar la liberación de Gallo y mantener activo el expediente ante instancias internacionales, en medio de un conflicto que sigue sin señales de cierre.