El titular del Órgano de Control Institucional (OCI), Ricardo Urruti, confirmó que dos policías fueron detenidos en las últimas horas por presuntos cobros indebidos durante controles viales en la Ruta 11. Los hechos derivan de dos denuncias radicadas por ciudadanos que circularon en motocicleta y aseguran haber sido obligados a pagar montos de entre 8.000 y 10.000 pesos para evitar supuestas infracciones. "Efectivamente el 5 fue detenido un primer empleado, un cabo de la policía, por una denuncia por hechos ocurridos el 2 de diciembre", señaló. Agregó que al conocerse el caso se dispuso "la suspensión de funciones con retención de haberes" mientras avanza el sumario administrativo.

Este miércoles se sumó una segunda denuncia por un episodio ocurrido cerca del acceso norte, también sobre la Ruta 11, donde otro ciudadano acusó a un policía de exigirle un pago para no secuestrar su moto. Sobre esa presentación, Urruti explicó que "el fiscal dispuso en el día de la fecha la aprehensión del segundo empleado, del cabo primero", y anticipó que ambos están incluidos en dos sumarios paralelos. "Estos hechos ocurrieron con diferencia de una hora entre uno y otro, con distintos damnificados", afirmó.

El funcionario destacó la gravedad del comportamiento atribuido a los agentes y recordó que está expresamente prohibido solicitar o aceptar dinero por fuera de los procedimientos. "Está terminantemente prohibido para cualquier policía solicitar cualquier tipo de propina, dinero. Aún cuando algún ciudadano sienta que quiere recompensar a un funcionario policial, la única recompensa permitida es la felicitación, el saludo, el agradecimiento", remarcó. Aclaró además que las acciones disciplinarias avanzarán de manera conjunta con la causa penal que instruye la Fiscalía Nº 14 en el marco de supuestas exacciones ilegales.

Uno de los denunciantes aportó una captura de pantalla de una transferencia realizada por Mercado Pago, prueba que fue incorporada al expediente. Según Urruti, en ambos hechos "se han hecho transferencias a una cuenta de la pareja de uno de los empleados", una cuenta que aparecía como si perteneciera al Poder Judicial. El funcionario explicó que en realidad se trata de una cuenta abierta en el marco de un expediente de familia, lo que no habilita su uso para pagos vinculados con procedimientos de tránsito. "Aun cuando fuera el pago de una multa, no es la forma en que debe realizarse", sostuvo.

El titular del OCI insistió en que no habrá margen de tolerancia. "La política institucional es clara: no hay tolerancia para los hechos de corrupción", dijo. Defendió que la sanción administrativa puede derivar en la expulsión de la fuerza y que el objetivo también es enviar un mensaje a la sociedad sobre el funcionamiento de los controles internos. Finalmente, alentó a la comunidad a denunciar cualquier situación irregular. "Agradecemos a estos ciudadanos que han radicado la denuncia. Pueden hacerlo en la jefatura, en el OCI o en la fiscalía", indicó antes de cerrar.