El primer Boletín Oficial de 2026 abrió con dos normas centrales para la hoja de ruta del Gobierno nacional. A través de un decreto, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, ambas sancionadas por el Senado el 26 de diciembre, en una votación que reunió 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. La oficialización marca el inicio formal de una nueva etapa del plan económico.

El Presupuesto proyecta un escenario de fuerte ordenamiento fiscal. Establece gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%. En el plano macroeconómico, prevé una inflación anual del 10,1%, un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026. También estima que las exportaciones crecerán un 10,6% a lo largo del año.

La mayor parte del gasto estará concentrada en los servicios sociales, que absorberán $106,5 billones, seguidos por los compromisos de deuda pública, con $14,1 billones, y los servicios económicos, con $11,4 billones. En paralelo, la norma fija límites para cubrir vacantes en la administración pública nacional, con excepciones puntuales para áreas consideradas esenciales como Salud, Seguridad y Defensa.

El texto presupuestario asigna partidas específicas para sectores clave. Las universidades nacionales recibirán $4,8 billones, mientras que el gasto en jubilaciones tendrá un aumento del 5%, el de Salud crecerá 17% y el de Educación, 8%. Se trata del primer presupuesto aprobado por el Congreso durante la gestión de Javier Milei, luego de dos años en los que el Ejecutivo funcionó con prórrogas presupuestarias.

Junto al Presupuesto, el Gobierno promulgó la llamada Ley de Inocencia Fiscal, que introduce cambios en el Régimen Penal Tributario y en los procedimientos fiscales. La iniciativa apunta a incentivar la incorporación al sistema formal de dólares ahorrados fuera del circuito bancario, bajo el principio de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor hasta que se demuestre lo contrario.

La norma permite utilizar ahorros por hasta $100 millones sin la aplicación de sanciones penales o tributarias, aunque fija exclusiones claras. Quedan fuera del beneficio quienes registren ingresos anuales superiores a $1.000 millones, posean un patrimonio mayor a $10.000 millones o estén categorizados como grandes contribuyentes nacionales. Al mismo tiempo, la ley no elimina impuestos, no borra antecedentes fiscales y mantiene sin cambios la legislación de prevención del lavado de activos y las atribuciones de la Unidad de Información Financiera.