El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene previsto reunirse este lunes a partir de un pedido formal presentado por Colombia, con el respaldo de Rusia y China. El tema ya fue abordado en encuentros anteriores durante los últimos meses, en el marco de una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, pero la nueva sesión busca evaluar el impacto político y jurídico del reciente operativo en Caracas.

Desde la representación venezolana ante la ONU se cuestionó el accionar estadounidense y se advirtió que la intervención podría vulnerar principios centrales del sistema internacional, en particular los vinculados al respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Estas objeciones forman parte de los planteos que se espera sean expuestos durante la reunión del organismo.

En paralelo, la Organización de Estados Americanos convocó a un Consejo Permanente extraordinario para tratar la situación de Venezuela. La solicitud fue impulsada por la Misión Permanente de Colombia y generó el rechazo de varios países, entre ellos España, Brasil, Chile, México y Uruguay. Está previsto que participen los representantes de los Estados miembros y que cierre la sesión el secretario general del bloque, Albert Ramdin.

Distinto fue el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ya realizó una reunión por videoconferencia durante el fin de semana. El encuentro concluyó sin consenso, reflejando las profundas diferencias entre los gobiernos de la región. Mientras algunos mandatarios celebraron la caída del liderazgo chavista, otros condenaron el accionar militar de Estados Unidos y reclamaron una salida política y diplomática.

Todo este movimiento diplomático se desarrolla en un contexto de mayor presencia militar estadounidense en la región, con controles reforzados sobre embarcaciones sospechadas de narcotráfico y medidas contra buques bajo sanciones. En paralelo, Maduro permanece detenido en Nueva York y debe presentarse ante un tribunal federal para ser notificado de cargos vinculados al narcotráfico y al terrorismo, junto a su esposa, Cilia Flores, sumando un frente judicial a una crisis de alcance internacional.