La Confederación General del Trabajo intensificó en los últimos días su ofensiva política para intentar frenar aspectos centrales del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La estrategia combina contactos reservados con funcionarios del oficialismo, gestiones con gobernadores y legisladores clave y una postura pública de fuerte confrontación, con advertencias de movilizaciones y eventuales medidas de fuerza.

Desde la conducción cegetista confirmaron que las actividades formales se retomarán en la semana del 12 de enero, con una agenda orientada a ordenar la estrategia política y legislativa de cara a febrero, cuando la iniciativa volvería a ocupar un lugar central en el debate parlamentario. El escenario, admiten en la central obrera, se modificó tras la aprobación del Presupuesto 2026, que evidenció la capacidad del Ejecutivo para construir mayorías mediante acuerdos con las provincias.

En ese contexto, la CGT mantiene abierto un canal de diálogo con Santiago Caputo y con funcionarios del área laboral. Puertas adentro, reconocen que existen altas probabilidades de que el Gobierno logre avanzar con la reforma, por lo que el objetivo de máxima de bloquear el proyecto dio paso a una meta más acotada: eliminar o modificar los artículos que consideran más sensibles.

Entre los principales puntos cuestionados aparece el financiamiento sindical, en particular las restricciones al cobro de cuotas solidarias y de afiliación, así como los cambios en los mecanismos de retención. También generan rechazo los límites al derecho a huelga, la ampliación de las actividades consideradas esenciales y la primacía de los convenios por empresa sobre los convenios por actividad, un aspecto que la CGT define como innegociable. A esto se suma la exclusión del aguinaldo y otros conceptos en la base de cálculo de las indemnizaciones y la imposibilidad de reclamar por falta de registración laboral.

"Van a tener muchos líos. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo", advirtió Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción de la central obrera, quien además anticipó que la CGT judicializará la reforma si el Congreso la aprueba. Como parte de la negociación, la central presentó una contrapropuesta para crear un régimen laboral especial para menores de 30 años, con condiciones de contratación más flexibles orientadas a fomentar el empleo joven.

En paralelo, los gobernadores se convirtieron en actores clave para definir el futuro del proyecto. La CGT multiplicó reuniones formales e informales con mandatarios provinciales y referentes territoriales con influencia directa sobre senadores y diputados. "Hubo un trabajo silencioso y productivo con gobernadores, senadores y diputados de todos los sectores políticos" para explicar las consecuencias de la iniciativa oficial, sostuvo Sola, al destacar la receptividad encontrada, aunque con matices.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó esta semana una gira por las provincias con el objetivo de consolidar los apoyos necesarios para el oficialismo. Desde la Casa Rosada señalaron que el funcionario continuará durante enero con encuentros con gobernadores para asegurar los votos y avanzar con la aprobación de la reforma en febrero.

El cruce de agendas anticipa un verano marcado por negociaciones intensas y construcción política de bajo perfil. En la CGT asumen que el escenario permanece abierto, atravesado por tensiones internas y externas, pero con una hoja de ruta definida: condicionar el contenido de la reforma laboral antes de que llegue al recinto y llegar a febrero con los acuerdos necesarios para incidir en el resultado final.