La estrategia oficial apunta a dejar atrás el escenario que se abrió en 2025, cuando el Senado rechazó los pliegos impulsados para completar la Corte. Aquella derrota llevó al Ejecutivo a postergar cualquier intento de negociación hasta resolver prioridades legislativas consideradas centrales. Esa hoja de ruta incluyó la aprobación del Presupuesto y otros proyectos enviados durante el período de sesiones extraordinarias.

Con ese objetivo cumplido, el Gobierno prevé reactivar gradualmente los contactos con la oposición a partir de marzo. La intención es generar las condiciones políticas necesarias para que los nuevos pliegos cuenten con respaldo suficiente en la Cámara alta, incluso de los bloques más críticos. En ese marco, se busca reconstruir puentes que permitan destrabar un tema que requiere mayorías calificadas y acuerdos amplios.

En cuanto a los nombres para ocupar las vacantes en la Corte Suprema, por ahora no hay definiciones cerradas. Dentro del oficialismo admiten que existen candidatos en análisis, pero la decisión final quedará en manos del Presidente Javier Milei. En etapas anteriores se evaluaron perfiles de reconocida trayectoria jurídica, aunque el rechazo previo obligó a replantear la estrategia y ampliar el abanico de opciones.

Además del máximo tribunal, el Gobierno tiene en carpeta un proceso más amplio para cubrir vacantes en el sistema judicial federal. Según fuentes oficiales, están prácticamente definidos los concursos correspondientes a 146 juzgados, 37 fiscalías y 45 defensorías públicas, lo que permitiría reducir de manera significativa el nivel de cargos sin cubrir. Estas designaciones representan más de un tercio de las vacantes actuales y son consideradas clave para el funcionamiento cotidiano de la Justicia.

Para avanzar en ese esquema, la Casa Rosada no descarta negociar con gobernadores de perfil dialoguista, especialmente en los distritos donde los juzgados federales aún no cuentan con titulares. El aval de las provincias resulta determinante, ya que los pliegos deben atravesar el Senado. Sin embargo, desde el oficialismo remarcan que cualquier acuerdo político estará condicionado a la evaluación de los antecedentes y perfiles profesionales de los postulantes.

El procedimiento de designación incluye varias instancias formales. Los aspirantes deben superar concursos públicos, luego se conforman ternas en el Consejo de la Magistratura y, tras la aprobación del plenario, los nombres son enviados al Ministerio de Justicia. Desde allí, el Poder Ejecutivo selecciona a quienes finalmente serán propuestos al Senado para su tratamiento.

Por último, el Gobierno no tiene previsto, al menos en el corto plazo, avanzar con el reemplazo del Procurador General de la Nación, cargo que continúa ocupado de manera interina. En el Ejecutivo sostienen que esa definición no forma parte de la agenda inmediata y quedará sujeta a una decisión posterior del Presidente, sin plazos definidos.