Las protestas contra el gobierno de Irán dejaron al menos 51 personas muertas en casi dos semanas de manifestaciones, según el último relevamiento de la organización Iran Human Rights. Entre las víctimas se cuentan al menos nueve menores de edad, además de cientos de heridos y más de 2.200 detenidos. Las movilizaciones, que comenzaron el 28 de diciembre por el deterioro del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida, se transformaron rápidamente en el mayor desafío interno al régimen en más de tres años.

Durante los últimos días, las protestas se intensificaron con huelgas y marchas en ciudades como Tabriz, Urmia, Ardabil y Teherán. En paralelo, las autoridades ordenaron un apagón casi total de Internet a nivel nacional, una medida que encendió alertas entre organismos internacionales por su antecedente en episodios de represión masiva. Pese a las restricciones, miles de personas continuaron movilizándose y expresando consignas contra el sistema político vigente, mientras se registraban ataques a edificios oficiales, incendios de vehículos estatales y la remoción de símbolos del régimen.

El trasfondo del conflicto combina una severa crisis económica, inflación persistente, escasez de bienes básicos y el impacto de los enfrentamientos militares del último año. En este contexto, el liderazgo del ayatolá Ali Khamenei enfrenta un escenario cada vez más complejo, con un descontento social que atraviesa distintos sectores y regiones del país. Organizaciones de derechos humanos advierten que el número real de víctimas podría ser mayor y señalan un riesgo creciente de una escalada represiva, mientras el futuro inmediato de Irán queda marcado por la tensión entre la capacidad de control del régimen y la persistencia de las protestas en las calles.