El Consejo  Profesional de  Ingenieros Agrónomos del Chaco (CPIACH) ratificó su adhesión "plena e irrestricta a la legislación vigente que prohíbe el uso de productos hormonales", y remarcó que "su cumplimiento es innegociable para la protección del sistema productivo, el ambiente y la salud de la población".

En ese marco, la institución manifestó tener "conocimiento concreto y directo de los daños ocasionados por el uso indebido de herbicidas hormonales, daños que se manifiestan de manera reiterada y sistemática en la región".

El CPIACH fijó así su posición acerca del tema, luego de que el Ministerio de Producción anunciara que intensificará los controles sobre el uso de los herbicidas hormonales prohibidos.

"El alcance del CPIACH comprende a cada ingeniero agrónomo matriculado, quien debe cumplir estrictamente con la normativa vigente y emitir las recetas agronómicas conforme a la ley", afirmaron desde la entidad, y advirtieron que "cuando se detectan infracciones debidamente comprobadas, el Consejo puede y debe intervenir aplicando las sanciones correspondientes".

No obstante, aclararon que "el CPIACH no posee facultades de fiscalización en territorio".

En esa línea, sostuvieron que "resulta imprescindible la intervención activa y sostenida del Estado, a quien corresponde la fiscalización efectiva y permanente del cumplimiento de la normativa".

"La magnitud y persistencia del problema exigen acciones conjuntas, contundentes y sostenidas en el tiempo, ya que ninguna medida aislada será suficiente para disminuir el impacto negativo de estas prácticas", manifestaron.

Por último, desde el CPIACH hicieron un llamado a "la responsabilidad y concientización de todos los eslabones de la cadena productiva —productores, asesores, aplicadores y comercios—, entendiendo que todos cumplen un rol determinante".

"Somos los primeros interesados en que estas acciones sean reguladas, controladas y ordenadas, y venimos proponiendo espacios de trabajo conjunto para abordar la problemática de manera integral", expresaron, y propusieron "avanzar en una agenda de trabajo estricta y permanente, junto a organismos del Estado y entidades vinculadas al sector productivo comprometidas con la temática, con el objetivo de analizar, corregir y replantear prácticas, estableciendo criterios claros que permitan disminuir de manera efectiva y duradera los daños causados por el uso indebido de herbicidas hormonales".