El régimen de Irán reconoció por primera vez que alrededor de 2.000 personas murieron durante la represión de las protestas que se extendieron por el país en las últimas dos semanas. La admisión fue realizada este martes por un funcionario iraní que habló bajo condición de anonimato con la agencia Reuters y marcó un giro en la postura oficial, que hasta ahora evitaba brindar cifras concretas sobre el número de víctimas.

Según esa versión, entre los fallecidos hay tanto manifestantes como miembros de las fuerzas de seguridad, y las muertes fueron atribuidas a lo que el régimen definió como acciones de "terroristas", sin detallar cuántas víctimas corresponden a cada grupo. La cifra reconocida contrasta con los datos difundidos por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que contabilizó al menos 646 muertos y más de 10.600 detenidos desde el inicio de las manifestaciones.

Las protestas se desataron por el deterioro de la situación económica y representan el mayor desafío interno para las autoridades iraníes en al menos tres años. En este contexto, el gobierno clerical combinó un discurso que reconoce reclamos sociales con una respuesta represiva que incluyó el uso de fuerza letal, detenciones masivas y el bloqueo casi total de internet y de las comunicaciones telefónicas, lo que dificulta la verificación independiente de los hechos.

Desde el exterior, distintos líderes y organismos internacionales expresaron su preocupación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó como "espantoso" el aumento de víctimas y anunció que Bruselas propondrá "rápidamente" nuevas sanciones contra los responsables de la represión. "Condeno de manera inequívoca el uso excesivo de la fuerza y la continua restricción de la libertad", afirmó en un mensaje público.

En paralelo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró "horrorizado" por la violencia contra manifestantes pacíficos y advirtió que "este ciclo de violencia horrible no puede continuar". El funcionario pidió a las autoridades iraníes que atiendan las demandas de la población y respeten los derechos fundamentales.

La tensión internacional también se intensificó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la imposición de un arancel del 25% a cualquier país que mantenga comercio con Irán. "Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Dentro de Irán, los primeros testimonios tras días de aislamiento reflejan un clima de temor y, al mismo tiempo, de persistencia. "La gente, particularmente los jóvenes, están sin esperanza pero hablan de continuar las protestas", relató un taxista identificado como Reza a la agencia AP. Comerciantes del Gran Bazar de Teherán señalaron además una fuerte presencia de fuerzas de seguridad, edificios dañados y órdenes oficiales para retomar la actividad pese al clima de tensión.

Mientras tanto, la Justicia iraní comenzó a enviar casos vinculados a las protestas a tribunales con cargos que pueden implicar la pena de muerte, como el delito de moharebeh —"hacer la guerra contra Dios"—, una figura utilizada históricamente contra opositores políticos. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que estas acusaciones buscan intimidar y frenar el movimiento de protesta, en un escenario que sigue siendo incierto y con fuerte impacto regional e internacional.