Un relevamiento elaborado por el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet reveló que cerca del 5% del territorio argentino, equivalente a unas 13 millones de hectáreas, se encuentra en manos de firmas o ciudadanos extranjeros. El mapa interactivo pone en evidencia focos críticos de extranjerización en distintas regiones del país, con especial atención en departamentos del Litoral vinculados a recursos estratégicos.

El informe advierte que existen 36 departamentos que ya superan el límite del 15% establecido por la Ley de Tierras, y casos extremos donde la extranjerización supera el 50%. En el nordeste, se destacan localidades ribereñas sobre el río Paraná, entre ellas Ituzaingó y Berón de Astrada, en Corrientes, zonas clave por su acceso al agua dulce y su valor logístico.

Si bien Chaco no aparece entre los distritos con mayores porcentajes de extranjerización, los investigadores remarcan que el fenómeno debe analizarse en clave regional. La continuidad hidrográfica, los humedales compartidos y la integración productiva del NEA hacen que cualquier avance sobre tierras estratégicas en Corrientes tenga impactos indirectos sobre el territorio chaqueño, especialmente en términos ambientales y de soberanía sobre los recursos naturales.

En este contexto, el trabajo cuestiona con dureza la postura del Gobierno nacional, que impulsa modificaciones a la Ley de Tierras para flexibilizar o eliminar los límites a la compra de suelo por parte de extranjeros. Según los autores, estas iniciativas no apuntan a fomentar el desarrollo productivo, sino que habilitan una mayor concentración de bienes comunes como el agua, la tierra fértil y los minerales en manos privadas foráneas.

El mapa también revela que la extranjerización no es aleatoria: se concentra en áreas con acuíferos, ríos navegables y recursos minerales críticos. Estados Unidos encabeza el ranking de nacionalidades con mayor superficie adquirida, seguido por capitales europeos. Para los investigadores, esta tendencia se inscribe en una presión geopolítica creciente sobre América Latina y sus recursos estratégicos.

Desde el Observatorio de Tierras advierten que debilitar los controles vigentes implica resignar capacidades del Estado para planificar el desarrollo y proteger áreas sensibles. En regiones como el NEA, sostienen, el debate no es abstracto: se trata de definir quién controla el territorio, el agua y los recursos que resultan esenciales para el presente y el futuro de provincias como Corrientes y Chaco.