La iniciativa del Gobierno busca reemplazar el Régimen de Minoridad decretado en 1980 y propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que representaría el cambio más significativo en legislación penal de la gestión de Javier Milei.

La Libertad Avanza consiguió el apoyo de la UCR, el PRO, un porcentaje mayoritario de Provincias Unidas, Innovación Federal y otras bancadas aliadas, mientras que el rechazo estuvo por parte de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

Aún falta el tratamiento del Senado de la Nación, que podría llegar el jueves 26 de febrero, en conjunto con la modificación de la ley de Glaciares.

El proyecto sufrió modificaciones de último momento de la votación. Por impulso de la Coalición Cívica, se reformaron los artículos 17, 30 y 34 para que se explicite que los menores de edad no serán privadas de su libertad en el mismo establecimiento que los adultos.

A su vez, con un cambio del artículo 43, se quitó la posibilidad de que la querella intervenga en el proceso a prueba, dejándole esa atribución al Ministerio Público Fiscal.

Desde el sector peronista que adhiere a la baja de imputabilidad señalan la inconstitucionalidad de la redacción libertaria -a la que se opondrán- y piden reformar el artículo 34 del Código Penal que determina quiénes son los sujetos punibles.