El conflicto desatado entre el Gobierno nacional y los gobernadores, encabezados por el mandatario chubutense Ignacio Torres continúa escalando tras sus amenazas de cortar el gas y el petróleo al resto del país a raíz de la disputa por la coparticipación.

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, anunció la convocatoria de una reunión con otros mandatarios provinciales para discutir el suministro de gas y petróleo. Este pronunciamiento surge en el contexto de un acalorado intercambio en redes sociales entre los líderes provinciales y el Gobierno Nacional, específicamente con el presidente Javier Milei. Torres expresó su preocupación por lo que considera «peleas inconducentes y berretas» promovidas desde el ámbito federal.

En una entrevista radial, el gobernador reiteró su postura y anticipó que se tomará una determinación respecto al corte de suministros a nivel nacional. Sus declaraciones se enmarcan en una disputa que ha escalado en los últimos días, donde se ha cuestionado la gestión del gobierno central y se han demandado mayores niveles de respeto hacia las provincias.

Torres hizo hincapié en la necesidad de que las decisiones políticas respeten la autonomía provincial y se desliguen de confrontaciones estériles. En cuanto a la situación financiera de Chubut, destacó que la provincia cuenta con superávit primario, aunque denunció un presunto asfixiamiento económico por parte del Gobierno Nacional, al que acusó de actuar de manera extorsiva.

El gobernador mostró su descontento con la dirección que está tomando el Gobierno Nacional, señalando que las decisiones parecen estar influenciadas por figuras como Santiago Caputo, a quien responsabilizó de fomentar un clima de confrontación y división en el país. 

Estos cruces reflejan la creciente tensión entre las provincias y el poder central, como lo evidencia la reciente carta firmada por varios gobernadores de Juntos por el Cambio, donde se reclama respeto a la autonomía provincial y se advierte sobre posibles medidas de retención de recursos si no se atienden las demandas provinciales.