La controversia en torno al peaje del Puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, continúa escalando mientras la empresa concesionaria Corredores Viales mantiene el precio en $1000, desafiando una orden judicial que exige retrotraer el valor a $300.

El juez Julián Benito Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia, explicó la situación en comunicación con Radio Nordeste: "El 31 de mayo ordenó retrotraer las tarifas de los peajes a $300. Elevaron a $900 y después nuevamente incrementaron a $1000. Y no solamente que se le impusieron multas por este incumplimiento, sino que la empresa no ha respondido a las multas que se le aplicaron".

La medida judicial, resultado de una acción promovida por la Asociación de Consumidores UCHA, impone una multa diaria de $10 millones a la empresa por cada día de incumplimiento. "El pago de la multa es compulsivo", afirmó el juez Flores, señalando que la deuda acumulada ya supera los $150 millones.

La situación ha generado preocupación por el precedente que podría sentar. "En mis más de 14 años de juez y experiencia [...] nunca hemos tenido este comportamiento reacio a cumplir con una orden judicial", expresó Flores, destacando lo inusual del caso.

El magistrado explicó que la multa se calculó basándose en estimaciones de recaudación diaria, aplicando "casi un 10% de lo que sería lo que recaudan por día". Sin embargo, aclaró que si la empresa decide acatar la medida original, "la multa cae, deja sin efecto, porque lo importante acá no es que recaude dinero la empresa [...] el objetivo final de estas multas es que se cumpla la orden judicial".

La controversia también plantea interrogantes sobre el futuro de la concesión. Según Flores, "la continuidad de la concesión dependerá de los entes" reguladores correspondientes, aunque advirtió que estos organismos de control actualmente no están en pleno funcionamiento debido a la reestructuración del Estado.

Mientras tanto, los usuarios del puente continúan pagando la tarifa elevada, en medio de un conflicto que parece estar lejos de resolverse. La situación plantea serios cuestionamientos sobre el respeto a las instituciones y el cumplimiento de las órdenes judiciales en el país.