El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco ha convocado a senadores y diputados nacionales de la provincia para analizar la inclusión del financiamiento del fuero de narcomenudeo en el presupuesto nacional 2025. Esta iniciativa surge ante la creciente necesidad de recursos para combatir este delito, cuya competencia fue transferida a la provincia en 2015.

Víctor del Río, presidente del STJ, explicó en una entrevista: "La reunión que tuvimos el otro día con los congresistas nacionales tuvo que ver con solicitar a nuestros representantes provinciales el reclamo para que vengan los fondos nacionales que la ley de estupefacientes establecía".

Según las estimaciones del STJ, el combate al narcomenudeo requerirá una partida superior a los 3.000 millones de pesos para el año entrante. Del Río detalló: "Tenemos una estimación de lo que supone, tanto en gasto de personal, porque hemos creado juzgados, fiscalías, los gastos que esto insume, la maquinaria que hay que comprar, los insumos tecnológicos que hay que cada día renovar, las licencias que hay que pagar para comprar todos estos insumos electrónicos, químicos y demás".

El presidente del STJ enfatizó la importancia de que la Nación cumpla con lo establecido en la ley: "Desde el 2015 la provincia está adherida a la ley de estupefacientes y combatiendo el delito de narcomenudeo. Y la verdad que es tiempo que la nación se haga cargo de lo que precisamente establece la ley, que era mandar los fondos nacionales para convertir esto en la provincia".

La situación se torna más compleja debido a los recortes presupuestarios que ha enfrentado el Poder Judicial provincial. Del Río señaló: "Venimos de un descenso de 3,25% del presupuesto del año pasado, del año pasado de este año, perdón, 4,47%, así que esperamos que por lo menos el presupuesto provincial este año se mejore".

El reclamo de las autoridades judiciales chaqueñas se fundamenta en que el narcomenudeo es un delito federal cuya competencia fue transferida a la provincia, por lo que los fondos para su combate deben ser provistos por el presupuesto nacional.