La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en el centro de una controversia que podría escalar hasta una intervención gubernamental. La Inspección General de Justicia (IGJ) ha suspendido la Asamblea prevista para elegir nuevas autoridades, incluyendo la reelección de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente. Sin embargo, la AFA parece decidida a llevar adelante la reunión, desafiando la orden administrativa.

El conflicto tiene sus raíces en una presentación realizada por el club Talleres de Córdoba ante la IGJ, cuestionando la convocatoria a elecciones. El organismo estatal encontró irregularidades en el proceso, destacando que la elección se adelantó casi un año y que existen modificaciones estatutarias pendientes de aprobación. Entre estas reformas, se menciona la intención de trasladar la sede de la AFA a la provincia de Buenos Aires, lo que se interpreta como un intento de evadir el control de la IGJ.

La situación se complica aún más con las advertencias del inspector general de Justicia, Daniel Vitolo, quien señaló que los directivos de la AFA podrían enfrentar acusaciones por desobediencia si proceden con la Asamblea. Además, reveló que existen planes para modificar el estatuto de la asociación de manera que permita una mayor injerencia política en su estructura, lo cual violaría no solo las normas de la FIFA sino también leyes nacionales.

A pesar de que la AFA buscó una medida cautelar para garantizar la realización de la Asamblea, el pedido fue rechazado por la justicia. No obstante, los directivos del fútbol argentino argumentan que una apelación a la decisión de la IGJ tendría efecto suspensivo, lo que les permitiría proceder con la reunión. En este contexto, planean llevar a cabo la Asamblea en el predio de Ezeiza, donde también se discutirían cambios significativos en el formato de los campeonatos locales.