El Gobierno trabaja en un decreto que permitirá a las Fuerzas Armadas ampliar su campo de acción hacia la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, temas tradicionalmente relegados a las fuerzas de seguridad. La iniciativa busca reformar el Decreto 727 de 2006, que actualmente limita la intervención militar a conflictos con otros Estados, y se aceleró tras una amenaza narcoterrorista dirigida a la ministra Patricia Bullrich y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. Este incidente, que generó conmoción pública, ha servido de catalizador para una medida que la administración de Javier Milei venía preparando desde su asunción.

El ministro de Defensa, Luis Petri, lidera el análisis de los cambios normativos junto a su equipo legal, en busca de consensos técnicos y políticos. La propuesta no solo apunta a la vigilancia y control en zonas de frontera, sino también a la protección de infraestructuras estratégicas, como centrales nucleares y represas, consideradas objetivos potenciales de organizaciones terroristas. Según fuentes castrenses, el cambio responde a un nuevo enfoque global surgido tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que redefinió la noción de "defensa nacional" frente a amenazas no estatales.

En paralelo, el Ejecutivo evalúa modificaciones a la Ley de Seguridad Interior, permitiendo la intervención militar en casos de terrorismo. Las experiencias de los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, sumadas al crecimiento del narcotráfico en ciudades como Rosario, han evidenciado la necesidad de estrategias más integrales. Si bien el Ejército ya presta apoyo logístico en esta última ciudad, la propuesta habilitaría un mayor involucramiento en operaciones de control, patrullaje y aprehensión, bajo estrictas condiciones legales.

La medida, sin embargo, no está exenta de controversias. Críticos señalan que delegar al Ministro de Defensa facultades de decisión sobre temas de seguridad interior podría vulnerar el principio constitucional que otorga al Presidente el rol de Comandante en Jefe. Además, se teme un posible solapamiento entre las funciones militares y policiales, lo que podría generar tensiones institucionales y desafíos operativos en su implementación.