Los resultados de las auditorías encabezadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ANSES, arrojaron un alto nivel de irregularidades en la provincia del Chaco. Dentro de ella, un caso especial es la localidad de San Martín, donde se detectó que el 80% de las pensiones por incapacidad auditadas habían sido otorgadas de manera irregular. Darío Barrios, jefe de ANSES en la localidad, confirmó a Radio Nordeste que de las 1.000 pensiones revisadas en tres días, 800 fueron dadas de baja por carecer de la documentación requerida.  

“El número es alarmante. Estas personas no contaban con estudios médicos que respaldaran su condición. En algunos casos ni siquiera se habían realizado análisis básicos”, aseguró Barrios. 

Un sistema de manipulación política  

Las irregularidades no se limitaron a la falta de documentos médicos, sino que, según Barrios, estas prácticas respondían a una estrategia política del gobierno anterior. “Punteros políticos ofrecían estas pensiones a personas vulnerables, sometiéndolas con el único objetivo de asegurarse votos”, explicó.  

Además, destacó que en muchas ocasiones los beneficiarios no sabían justificar cómo habían accedido a los subsidios. “Cuando los auditores les preguntaban por los estudios médicos, simplemente decían que los habían entregado a algún intermediario. Era un sometimiento total hacia las personas más vulnerables”, afirmó.  

El rol de los municipios y los médicos  

El titular de ANSES también señaló la complicidad de ciertos actores locales. “Los municipios tenían un rol clave en estas maniobras. Es una práctica que, lamentablemente, se repitió en varias localidades del Chaco”, dijo. Además, denunció la posible participación de profesionales médicos en la firma de certificaciones falsas.  

Impacto de las auditorías 

Barrios remarcó que estas auditorías son solo el comienzo. Operativos similares ya se han realizado en otras localidades como Presidencia de la Plaza y Las Breñas, y se espera que continúen en 2025. Por su parte, el gobierno nacional busca garantizar que quienes realmente necesiten estas pensiones puedan seguir accediendo al beneficio.  

De las 1.000 pensiones auditadas en San Martín, 200 cumplían con todos los requisitos legales y seguirán siendo percibidas. “Al que le corresponde, va a seguir cobrando. Pero al que no, está robando al Estado”, sentenció Barrios.  

Aunque no se ha definido si se pedirá la devolución de los montos percibidos de manera irregular, Barrios expresó que estaría de acuerdo con implementar medidas al respecto. “Acá nadie debe recibir algo que no le corresponde. Si no cumplís los requisitos, estás perjudicando a quienes realmente lo necesitan”, concluyó.