En enero próximo, los legisladores recibirán un medio aguinaldo que suma alrededor de 2,5 millones de pesos en bruto por persona, en un contexto marcado por la discusión sobre la posible prórroga del congelamiento de haberes que rige hasta el 31 de diciembre. Esta medida ha generado críticas en medio de un panorama económico sensible y de debates sobre el costo de la política.  

La controversia tiene sus raíces en el acuerdo aprobado meses atrás, cuando oficialismo y oposición consensuaron un nuevo esquema de dietas basado en módulos. A estos se sumaron adicionales por representación y desarraigo, configurando un sistema que incrementó significativamente los ingresos de los senadores, excepto para quienes renunciaron voluntariamente a ellos, como Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación. La "Dieta 13" se presentó como una solución para formalizar el aguinaldo en un esquema ya criticado por sus costos.  

El congelamiento salarial, implementado para mitigar las críticas públicas, ha generado divisiones internas. Algunos senadores plantean que los incrementos salariales recientes no deberían aplicarse automáticamente al levantarse el congelamiento, mientras otros consideran que el ajuste es inevitable, dado el impacto de la inflación y la actualización del valor del módulo. Este dilema pone en juego no solo las finanzas del Senado, sino también su imagen frente a una ciudadanía cada vez más crítica del gasto político.  

Una extensión del congelamiento requeriría un gesto de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, pero el silencio estratégico prevalece entre los legisladores para no asumir públicamente la responsabilidad. Mientras tanto, la implementación del nuevo esquema de Ganancias añade presión al afectar todos los componentes de las dietas. Así, el Senado cierra el año con un escenario marcado por luchas internas y una creciente desconexión entre sus prioridades y las demandas sociales.