En el marco de la investigación por lavado de activos y desvío de fondos públicos, la Justicia Federal de Resistencia llevó adelante un nuevo allanamiento en la causa que involucra a referentes de organizaciones sociales. El procedimiento tuvo lugar en la tarde del jueves en un galpón ubicado en la calle Lisandro de la Torre 3400, en la zona de Villa Don Andrés.

La orden judicial fue solicitada por el fiscal federal Patricio Sabadini y ejecutada por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco. Durante el operativo, los agentes secuestraron dos camiones: un Ford F-350D, modelo 1991, y un Mercedes Benz 1114, color blanco con negro. Según la investigación, los vehículos estarían en poder de Diego Armando Rolón, uno de los imputados en la causa.

Este nuevo allanamiento se suma a una serie de procedimientos iniciados semanas atrás, cuando la Justicia ordenó la detención de cuatro dirigentes sociales acusados de recibir más de $220 millones a través de subsidios y contratos irregulares. La investigación reveló un crecimiento patrimonial incompatible con sus ingresos, incluyendo la adquisición de vehículos de alta gama y propiedades sin justificación económica.

Los principales acusados son Marcos Antonio Cáceres, Lucas Alexis Torales Cordeiro, Diego Armando Rolón y Juan Carlos Rolón. Según la causa, los imputados habrían utilizado cooperativas y fundaciones para desviar dinero estatal y blanquearlo a través de compras e inversiones. Cáceres, por ejemplo, figura como monotributista y empleado municipal, pero posee vehículos de alta gama y propiedades de alto valor.

En operativos previos, la Justicia había incautado dinero en efectivo, armas, terrenos y más de una docena de vehículos. Ahora, con este nuevo allanamiento, se fortalece la hipótesis de que los bienes adquiridos con fondos públicos fueron ocultados en distintos puntos de la provincia para evitar su decomiso.

El fiscal Sabadini sostuvo que el delito de lavado de activos está agravado por habitualidad y organización, lo que podría derivar en penas más severas para los acusados. Además, indicó que la investigación sigue en marcha y podría alcanzar a otros implicados en la estructura de desvío de fondos públicos.

Mientras tanto, la Justicia ha ordenado la inhibición de bienes de los imputados y el análisis de sus movimientos financieros. Se espera que en los próximos días se realicen nuevos procedimientos para ampliar la pesquisa.

Las organizaciones piqueteras involucradas en la causa aún no han emitido declaraciones sobre este nuevo operativo, mientras que los acusados continúan detenidos a la espera de avances en el proceso judicial.