El Gobierno nacional avanzó esta semana con detalles de la reforma laboral que pretende enviar al Congreso en las sesiones extraordinarias de diciembre. La iniciativa, que se encuentra en plena etapa de elaboración, se centrará exclusivamente en el empleo privado y no modificará la Ley de Empleo Público. "No va a contemplar modificaciones en la Ley de Empleo Público", afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al remarcar que la modernización buscada está enfocada en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). La aclaración llegó luego del paro convocado por ATE, pese a que todavía no se conoce el contenido completo del proyecto.

El Gobierno intenta mantener bajo estricta reserva los puntos centrales de la reforma para evitar filtraciones. En Casa Rosada explicaron que la decisión de excluir al empleo público no responde a un trato diferencial hacia los estatales, sino a que se trata de "una normativa totalmente distinta" que no será parte de esta etapa de cambios. Aun así, el vocero presidencial cuestionó la reacción sindical. "Llaman la atención las declaraciones de un ruidoso gremialista, que convocó a un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó", planteó Adorni en una conferencia de prensa, en referencia al titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

Mientras avanza el trabajo interno, el oficialismo reforzó el hermetismo. Se suspendió la reunión del Consejo de Mayo prevista para este mes y también se frenaron los encuentros entre funcionarios y equipos técnicos. El objetivo, según explican en la Casa Rosada, es achicar el número de personas con acceso al borrador para controlar la difusión de datos. La estrategia apunta a cerrar primero la versión final dentro del Ejecutivo y luego abrir la negociación con gremios, empresarios y legisladores.

Desde el Ministerio liderado por Federico Sturzenegger se adelantaron algunos lineamientos. En una entrevista televisiva, el funcionario afirmó que la reforma incluirá "tres puntos principales", entre ellos, la reducción de la litigiosidad laboral, la baja en los costos de registración y una nueva instancia de negociación de los convenios colectivos. "En la Argentina se negocia por sector para todo el país, con una negociación centralizada en Buenos Aires. Pero los países tienen diversidad de condiciones", señaló, al justificar la necesidad de revisar la estructura actual.

En paralelo, distintos gobernadores dialoguistas —sobre todo del norte— ya manifestaron que están dispuestos a conversar con el Gobierno para acompañar la reforma. Aunque no conocen el contenido completo, sostienen que el avance de Milei en materia laboral será uno de los ejes de debate central en el recambio legislativo de diciembre. El Ejecutivo confía en que ese respaldo podrá consolidarse una vez que el proyecto esté formalmente presentado en el Congreso.