El Ministerio de Salud de Mendoza presentó las primeras diez denuncias judiciales contra padres que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación de sus hijos. La medida se tomó en un contexto de preocupación sanitaria por la baja sostenida en las tasas de inmunización y el regreso de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos convulsa, que afectan principalmente a niños pequeños y a poblaciones vulnerables.

Las denuncias fueron ingresadas en la Justicia Civil y alcanzan a padres, tutores o responsables de niños y adolescentes que no recibieron las vacunas obligatorias. Con esta decisión, Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en recurrir formalmente a la vía judicial para exigir el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación. La iniciativa se apoya en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y fija que la protección de la salud pública prevalece sobre las decisiones individuales.

Según el procedimiento vigente, las familias denunciadas deben asistir a una audiencia obligatoria en la que equipos sanitarios explican los riesgos que implica la falta de vacunación, tanto para los menores como para la comunidad en general. A partir de esa instancia, se otorga un plazo de 30 días para regularizar la aplicación de las dosis correspondientes. En caso de no cumplir, el expediente continúa su curso judicial y se avanza con la aplicación de sanciones.

La normativa provincial, reglamentada desde agosto de 2025 mediante la Resolución 2572, contempla multas económicas elevadas, que pueden ir desde montos equivalentes a decenas de miles de dólares, además de arrestos de hasta cinco días o la obligación de realizar tareas comunitarias en hospitales. Las sanciones pueden agravarse en situaciones de reincidencia o cuando otros actores, como instituciones educativas o funcionarios, no informan los incumplimientos detectados.

Desde el área de Inmunizaciones de la provincia señalaron que uno de los mayores déficits se registra en las vacunas correspondientes a los 15 meses de edad, asociado a la disminución de los controles de niños sanos. En el nivel escolar, la cobertura supera el 80%, un porcentaje considerado aceptable, aunque insuficiente para evitar rebrotes, ya que el objetivo sanitario es alcanzar al menos el 95%.

La situación genera especial alarma en la adolescencia, donde la cobertura general ronda el 75%. En el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano, incorporada al calendario a los 11 años, la primera dosis muestra porcentajes moderados, pero la aplicación de la segunda dosis desciende de manera marcada tanto en niñas como en varones, lo que debilita la protección esperada.

Las autoridades sanitarias remarcaron que el objetivo central de estas acciones no es punitivo, sino garantizar el derecho de los niños y adolescentes a una vida sana y prevenir riesgos colectivos. En ese marco, insistieron en mantener la vacunación fuera de debates ideológicos, alertaron sobre la circulación de información falsa y reforzaron la importancia de recurrir únicamente a fuentes oficiales y científicas para sostener los altos niveles de inmunización necesarios para proteger a toda la población.