La provincia del Chaco afrontará el próximo 18 de febrero un nuevo vencimiento del bono internacional CH24D, emitido originalmente en agosto de 2016 por un monto de USD 250 millones. En esta oportunidad, el pago total será de USD 35.203.199, de los cuales USD 29.183.999 corresponden a amortización de capital y USD 6.019.200 a intereses. Se trata de un instrumento colocado con una tasa anual del 9,375%, cuyo vencimiento inicial estaba previsto para febrero de 2024, pero que debió ser reestructurado tras el incumplimiento registrado en 2020.

De acuerdo con el detalle del cronograma financiero, entre 2017 y febrero de 2020 el Chaco abonó 7 servicios de intereses por un total acumulado de USD 82.031.250. Sin embargo, al no concretarse el octavo pago en agosto de 2020, la provincia ingresó en default técnico en septiembre de 2020. La reestructuración se formalizó en junio de 2021 con una adhesión del 93,34% de los bonistas, y elevó el monto total reestructurado a USD 262.682.262, incorporando USD 12,68 millones correspondientes a servicios impagos, además de extender el vencimiento final al 18 de febrero de 2028.

Desde la reestructuración, y contabilizando el pago de febrero de 2026, la provincia ya desembolsó USD 231,6 millones en el nuevo esquema, compuestos por USD 85,6 millones en intereses y USD 145,9 millones en amortización de capital. El calendario vigente prevé 9 cuotas semestrales de capital: la primera, desde febrero de 2024, por el 11,12%, y las 8 restantes por el 11,11% cada una. Este perfil de pagos explica por qué el compromiso anual se ubica en torno a los USD 80 millones, con un impacto directo sobre el margen fiscal y la capacidad de sostener inversiones provinciales.

Hacia adelante, todavía restan 4 vencimientos (en agosto de 2026, febrero de 2027, agosto de 2027 y febrero de 2028), que totalizan USD 128.774.397 pendientes de pago. Ese monto se compone de USD 12.038.400 en intereses y USD 116.735.997 en capital. En la práctica, cada desembolso en moneda extranjera mantiene condicionada la planificación financiera del Chaco, ya que obliga a priorizar el cumplimiento de un cronograma rígido por sobre otras necesidades presupuestarias, en una deuda originada en 2016 y extendida hasta 2028 tras la crisis de 2020.