La Secretaría de Transporte presentó una medida cautelar para garantizar el derecho al transporte gratuito de media y larga distancia para personas con discapacidad, luego de que numerosas empresas dejaran de brindar este servicio. La iniciativa, impulsada a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, busca una respuesta judicial que obligue a las compañías a mantener este beneficio, en un contexto donde ya se han aplicado multas e intimaciones a más de 44 empresas por incumplimientos.

El conflicto emergió tras la implementación del Decreto 883/23, que desreguló el transporte interjurisdiccional de pasajeros, eliminando clasificaciones de servicios, flexibilizando requisitos de operación y permitiendo que las empresas definan libremente rutas, tarifas y paradas. Aunque el secretario Franco Mogetta aclaró que esta liberalización no exime a las compañías de sus obligaciones hacia las personas con discapacidad, el sector empresarial interpreta la situación de manera diferente.

La Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) argumenta que la ausencia de subsidios estatales y la presión financiera hacen insostenible mantener la gratuidad del servicio, especialmente para los operadores más pequeños. El gremio empresarial sostiene que existe una competencia desigual, ya que los nuevos actores del mercado pueden operar sin las mismas responsabilidades, y ha solicitado una reglamentación que establezca condiciones equitativas para todos los prestadores.

Las autoridades mantienen su posición de hacer cumplir los derechos adquiridos de las personas con discapacidad, mientras continúan desarrollando nuevos mecanismos de control adaptados al contexto de desregulación. El sistema de supervisión recaerá en las jurisdicciones locales, autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mientras que un registro público en línea facilitará la gestión de las nuevas licencias de transporte.