La embajadora Sonia Cavallo solicitó una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que el canciller Gerardo Werthein denuncie la constante violación a los tratados internacionales que comete Nicolás Maduro con su permanente asedio a la sede diplomática de la Argentina en Venezuela.

La solicitud de Cavallo fue respaldada por Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Ecuador.

Los embajadores de Brasil, Colombia y México -tres jugadores clave en el foro regional- aún no contestaron para sumarse al reclamo contra Maduro, pese a que conocen las distintas operaciones de acoso y hostigamiento que ejecuta el régimen caribeño contra los opositores refugiados en la sede argentina.

Desde marzo, la residencia diplomática nacional protege a seis dirigentes de la oposición que enfrentan acusaciones fraudulentas de conspiración y traición a la patria. La Cancillería exigió a la dictadura venezolana que conceda el asilo legal a los refugiados políticos, pero Maduro se niega a cumplir con los tratados multilaterales.

Es más: el régimen caribeño ha cortado el agua y la electricidad de la embajada argentina, y rodeado la sede diplomática con fuerzas parapoliciales para intimidar a los dirigentes que apoyan a Edmundo González Urrutia y Maria Corina Machado.

González Urrutia y María Corina Machado vencieron a Maduro en las últimas elecciones presidenciales. Sin embargo, el dictador venezolano hizo fraude y desconoció el triunfo de la oposición. Javier Milei condenó esa acción ilegal de Maduro, y a partir de allí Buenos Aires y Caracas rompieron relaciones bilaterales.

En este contexto, Brasil se hizo cargo de la representación diplomática de la Argentina. Pero Lula da Silva ha hecho muy poco para lograr que la dictadura venezolana conceda asilo a los seis presos políticos que están bajo constante presión del régimen caribeño.

En la sede diplomática argentina se encuentran Magalli Meda, jefa de campaña del comando “Con Vzla”; Omar González, jefe regional del comando en Anzoátegui; Pedro Urruchurtu, jefe internacional del comando; Humberto Villalobos, jefe electoral; Claudia Macero, jefa de comunicaciones; y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

La Cancillería ha presentado toda la documentación legal para obtener el asilo de los seis refugiados políticos, y hasta ahora el regimen caribeño solo ha postergado una decisión diplomática que se ajusta a todos los tratados internacionales. Ya han pasado 264 días desde que llegaron a la embajada en Caracas, y las condiciones de vida se han agravado en las últimas semanas.

Desde el inicio del acoso, Corpoelec, la empresa estatal de electricidad, arrancó los fusibles de la sede, dejando a la embajada sin suministro eléctrico. Aunque los refugiados cuentan con una pequeña planta eléctrica, solo funciona durante unas pocas horas al día, afectando la conservación de alimentos y el funcionamiento de equipos básicos, que ya presentan fallas.

El suministro de agua también ha sido restringido. Desde el 27 de noviembre, las autoridades impiden la entrada de camiones cisterna, dejando a los refugiados con reservas mínimas de agua potable. La embajada, que antes de esta decisión política recibía agua solo una vez a la semana, enfrenta ahora una crisis humanitaria agravada.

Si no hay un bloqueo político, Werthein expondrá el miércoles en una sesión extraordinaria de la OEA.

Argentina había previsto consensuar una resolución denunciando y condenando las arbitrariedades del regimen venezolano, pero Brasil, Colombia y México junto a ciertos estados del Caribe se muestran remisos. Estas islas caribeñas reciben petróleo de Maduro a precio de ganga.

Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum tienen profundas diferencias con Javier Milei, y no está en sus cálculos políticos aparecer al lado del presidente argentino apoyando una resolución condenatoria.