El Gobierno Nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida implica la eliminación del organismo encargado de administrar los programas Procrear y Casa Propia, cuya gestión pasará ahora a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Según el Ejecutivo, la decisión responde a la necesidad de reducir la intervención del Estado en la política habitacional, delegando su ejecución a provincias, municipios y el sector privado.  

El cierre de la Secretaría se enmarca en un proceso más amplio de revisión y disolución de fondos fiduciarios vinculados a la vivienda, los cuales, según informes oficiales, presentaban irregularidades en su administración. En diciembre, el Gobierno había avanzado con la eliminación del Fondo PROCREAR a través del Decreto 1018/2024, citando demoras en la entrega de unidades y problemas de habitabilidad. De manera similar, en enero se decretó el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, al que se le atribuyeron usos políticos y clientelistas. Actualmente, también se trabaja en la liquidación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).  

Como parte de la reestructuración, la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Dirección Nacional de Arquitectura serán trasladadas a la Secretaría de Obras Públicas. Este movimiento busca centralizar la gestión de la infraestructura habitacional dentro de un mismo organismo y garantizar la continuidad de ciertos proyectos. Mientras tanto, la transición administrativa será supervisada por una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), encargada de cerrar de manera progresiva la estructura disuelta.  

El traspaso de responsabilidades genera incertidumbre sobre el futuro de los planes de vivienda, especialmente en lo que respecta al financiamiento y la ejecución de nuevas obras. Si bien el Gobierno sostiene que las provincias y municipios deberán asumir un rol más activo, aún no se han detallado los mecanismos concretos para garantizar la continuidad de los proyectos en marcha.