En un contexto de ajuste severo, el gobierno de Javier Milei tomó la polémica decisión de recortar funciones del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y desmantelar el Programa Nacional de Cuidados Paliativos. La medida afecta directamente a pacientes con cáncer avanzado, quienes dependen de estos servicios para sobrellevar el dolor y mejorar su calidad de vida.  

El programa, que desde 2016 garantizaba el acceso a medicamentos esenciales como morfina y metadona, quedó prácticamente desactivado. También se suspendió la formación de nuevos especialistas en cuidados paliativos, profundizando un problema que ya era crítico: solo el 14% de los pacientes que necesitan estos cuidados los reciben en Argentina.  

Sin medicamentos y sin especialistas  

El ajuste no solo implica la interrupción del suministro de opioides, sino también el despido de gran parte del equipo profesional. Según la doctora Mariana Pechenik, referente del programa, el equipo quedó reducido a solo dos integrantes de los ocho originales, dejando al programa sin capacidad operativa.  

La situación generó indignación en la comunidad médica y entre los familiares de pacientes, quienes advierten que la falta de asistencia provocará un aumento del sufrimiento físico para miles de personas. Organizaciones especializadas y referentes en cuidados paliativos consideran que esta decisión vulnera un derecho humano fundamental.  

Un recorte con consecuencias irreversibles  

El desmantelamiento del programa se enmarca en una reducción presupuestaria más amplia. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Instituto Nacional del Cáncer sufrió una subejecución del 55% de su presupuesto en 2024. Esto no solo afecta a los pacientes actuales, sino que también compromete el desarrollo de políticas públicas en el futuro.  

La falta de respuestas oficiales del Ministerio de Salud aumenta la preocupación de profesionales y organizaciones médicas. La Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) advirtió que el ajuste también pone en riesgo la Ley de Oncopediatría, aprobada en 2022, cuyo cumplimiento ahora se encuentra en peligro debido a la reducción de recursos.  

Mientras tanto, los trabajadores de la salud han convocado a una marcha el 27 de febrero para visibilizar la crisis y exigir medidas urgentes. La protesta busca poner en evidencia lo que consideran un abandono del Estado en la atención de los pacientes más vulnerables.