En el marco de la causa que investiga el presunto lavado de activos y el desvío de fondos públicos, la Justicia Federal llevó adelante un nuevo allanamiento en un galpón ubicado en Villa Don Andrés. El procedimiento, ordenado por el fiscal Patricio Sabadini, permitió el secuestro de dos camiones y diversos elementos que habrían sido adquiridos con subsidios estatales. "Nos hicimos cargo de este espacio, que es patrimonio de la provincia", explicó en diálogo con N9 la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Alicia Ogara.

El operativo, realizado por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco, tuvo lugar en un predio estatal ubicado en Lisandro de la Torre 3400. "Según el registro de la propiedad inmueble, este galpón forma parte del ex campo de tiro, que abarca 3.000 hectáreas del gobierno provincial", detalló Ogara. Además de los camiones, se incautaron heladeras, freezer, juegos infantiles y materiales de construcción, algunos de los cuales estaban sobre un chasis.

Sobre el destino de los bienes, la funcionaria señaló que serán trasladados a la Escuela de Policía de la provincia, en sintonía con lo realizado en procedimientos anteriores. "Así como con los elementos de otros allanamientos, estos serán resguardados hasta que la Justicia determine los pasos a seguir", afirmó.

Este allanamiento se suma a una serie de operativos realizados en el último mes, luego de la detención de varios dirigentes sociales acusados de manejar sumas millonarias mediante subsidios y contratos irregulares. Entre los principales investigados figuran Marcos Antonio Cáceres, Lucas Alexis Torales Cordeiro y la familia Rolón, quienes habrían utilizado cooperativas y fundaciones para desviar dinero estatal. "Juan Carlos Rolón y Diego Armando Rolón están mencionados en la causa", confirmó Ogara.

La investigación, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, reveló un crecimiento patrimonial injustificado entre los imputados, que incluye propiedades, vehículos de alta gama y grandes sumas de dinero en efectivo. Además, la Justicia ya ordenó la inhibición de bienes y sigue analizando los movimientos financieros de los involucrados.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando con nuevos procedimientos que podrían ampliar la cantidad de imputados. “Esperamos que la Justicia actúe pronto y podamos retribuir estos elementos a la sociedad que los necesita”, concluyó Ogara.