El Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió validar la constitucionalidad de la ley provincial que restringe el uso de teléfonos celulares por parte de personas detenidas en comisarías y alcaidías. La normativa, impulsada por el Ejecutivo provincial y sancionada por la Cámara de Diputados a instancias del legislador Leandro Zdero, había sido cuestionada mediante un amparo presentado por organismos de derechos humanos, pero la mayoría del cuerpo judicial desestimó el planteo y ratificó la legalidad de la medida.

"El fallo de la Justicia le da la razón al Ejecutivo", celebró el comisario general Fernando Romero, jefe de la Policía del Chaco, quien remarcó que la medida "responde a una demanda de la sociedad" y que el retiro de los dispositivos ya se concretó semanas atrás mediante operativos en lugares de detención. "Hoy no hay celulares en las alcaidías ni en las comisarías", afirmó.

La resolución del máximo tribunal provincial se conoció el lunes, pocas horas antes de que el Gobierno nacional anunciara una medida en la misma línea, prohibiendo el uso de celulares en cárceles federales. En ambos casos, la decisión fue argumentada como una herramienta para prevenir delitos organizados desde el interior del sistema penitenciario.

Una disidencia y una polémica

El único voto disidente fue el del juez Alberto Mario Modi, quien no cuestionó el fondo de la cuestión, sino la vía elegida por los organismos para presentar el reclamo. "Modi considera que no era la vía de resolución", explicó Romero. Según el fallo, el magistrado entendió que el Superior Tribunal no debía intervenir de manera directa en este tipo de planteos.

"No es que él esté a favor de que los presos tengan celulares. Solo dijo que no correspondía que el Tribunal tratara el caso en esa instancia", aclaró el comisario. Sin embargo, desde sectores del Ejecutivo y de la fuerza policial se esperaba un pronunciamiento más firme por parte del juez: "Esperábamos algo más contundente", deslizó Romero.

La comunicación, garantizada

Desde el Gobierno remarcan que la restricción no implica incomunicación para los detenidos. "El detenido no está incomunicado", sostuvo Romero. Explicó que existen horarios de visita establecidos y que los familiares o abogados defensores pueden pedir ver a los internos fuera de esos horarios, tal como lo establece una ley provincial. Además, se dispuso un teléfono fijo para llamadas urgentes que puede ser utilizado las 24 horas, previa autorización registrada.

"Garantizamos siempre la comunicación. Hay un celular sin aplicaciones, solo para llamadas, que está a disposición de los detenidos cuando sea necesario", aseguró el jefe de Policía. También se aclara que los números de contacto deben estar previamente declarados por los internos y que las comunicaciones se realizan bajo supervisión.

Rechazo de organismos

El Comité de Prevención Contra la Tortura y defensorías oficiales fueron quienes impulsaron el amparo, al considerar que la medida vulnera derechos de los privados de libertad. Según lo expresado en el recurso, los dispositivos permitían a los internos acceder a wifi, notebooks y celulares las 24 horas del día, situación que la ley buscó modificar.

Para Romero, la decisión judicial ratifica el camino tomado por el Gobierno chaqueño. "Es un logro para esta gestión y para la sociedad. Esto ya es historia", concluyó.